Editorial

El coste electoral de la acción del Govern contra la oferta ilegal

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La Conselleria de Turismo empezará a multar a final de mes a las plataformas web que comercialicen oferta ilegal de alquiler turístico para erradicar estas práctica. Las sanciones a que se enfrentan quienes sean ‘cazados’ por el Govern pueden alcanzar los 40.000 euros si no retiran las plazas que no estén legalizadas e inscritas.

El alquiler turístico vacacional ha registrado estos últimos años un gran auge en Balears para dar respuesta a la creciente demanda de esta oferta de alojamiento fuera de los establecimientos hoteleros. Una actividad que debe ser regulada.

La actuación de los inspectores de Turismo plantea un espinoso problema político, porque una parte de quienes se dedican al alquiler ilegal son pequeños propietarios de clase media con niveles de renta no muy elevados. Los ingresos que obtienen con estos alquileres les permite seguir adelante sin estrecheces. La izquierda en el poder asume el riesgo de pagar un alto coste electoral porque sin una web que les anuncie, muchos dueños de inmuebles tendrán dificultades para alquilar. Hay maneras de burlar la ley y está en vigor la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los próximos meses serán decisivos.