Noticias Relacionadas: Los informes que el Consell envía al fiscal omiten los indicios de cobro irregular en Milà

El Consell cumplió este viernes con el acuerdo unánime alcanzado el lunes y remitió a la Fiscalía Superior de Balears –en concreto al área especializada en Medio Ambiente– la documentación sobre el caso Milà. El Ministerio Fiscal ya tiene sobre la mesa los informes de las investigaciones que ha llevado a cabo hasta la fecha el Consorci de Residus i Energia sobre la aparición de restos de animales en el vertedero que por su categoría de riesgo debían de haber sido incinerados, denunciada por este diario hace más de un mes , el 17 de septiembre.

En concreto, el conseller de Medio Ambiente, Josep Juaneda, en representación de la corporación insular, ha remitido tres documentos: el informe de 15 páginas que elaboró la propia empresa gestora del recinto, la UTE Es Milà, fechado el 23 de septiembre; el informe técnico de 16 páginas del titular de la instalación pública, el Consorci de Residus i Energia, firmado el 13 de octubre; y el informe de 26 páginas redactado por el agente de Medio Ambiente del Consell tras su visita al Área de Gestión de Milà, con fecha 19 de octubre de 2022.

Todos se ciñen a las fotografías publicadas por este diario, poniendo incluso en duda que demuestren lo que enseñan , la presencia en el vertedero de Milà de restos de animales que el Consell –y en el caso de los materiales específicos de riesgo también la normativa– venía obligando tenazmente desde 2016 a incinerar sin excepción , incluso los no peligrosos, a unas tarifas desorbitadas que a las que se ha hecho frente con dinero público de las arcas municipales de Ciutadella y Maó a razón de unos 1,7 millones.

Ninguno de esos informes toma en consideración, con omisiones realmente sustanciales, el gran melón que han abierto esas fotografías, las presuntas irregularidades tanto en el tratamiento, como en el negocio de la gestión de los restos de animales por parte de la concesionaria de Milà. Las investigaciones internas que se han remitido a la Fiscalía ni tan siquiera contemplan la posibilidad de que haya habido una mala praxis (ni por no detectar material de riesgo en el vertedero) en la gestión de residuos por parte de la empresa, a la que exculpan en sus conclusiones basándose en dos simples ideas , tras sus inspecciones –posteriores a la puesta en conocimiento de la empresa del caso– no se han detectado restos de animales ni a nomalías en los laxos protocolos de control de entrada y vigilancia del vertedero .

Mucho menos entran a valorar esos documentos la posibilidad, revelada con una simple puesta en contraste de las propias memorias del Consorci de Residus i Energia con la relación de facturas de los ayuntamientos afectados, de que se haya enterrado lo que se facturaba por incinerar , cuestión sobre la que quizá debería actuar otra especialidad de la Fiscalía Superior de Balears y que está provocando que los plenos de esos municipios aprueben mociones en las que se reclama al Consell que demuestre que esa práctica irregular –por decirlo prudentemente– no se ha producido.

Sin entrar al detalle –los hay y muchos– sobre las carencias que muestran en ese sentido los informes que se envían a la Fiscalía, solo exponer aquí dos ejemplos muy llamativos. Obvian una realidad demostrada con documentos oficiales que ya fue denunciada públicamente por este diario el 18 de septiembre y trasladada documentalmente al Consell dos días después: los residuos aparecidos en las fotografías, en especial las cabezas de vaca, ni son de empresas cárnicas, ni provienen de las plantas privadas de voluminosos , como inexplicablemente se apunta en los informes, sino del matadero de Maó . La identificación que cuelga de las orejas de las cabezas bovinas demuestran que fueron sacrificadas en sus instalaciones. Y de eso los informes no hacen ni mención .

En segundo lugar llama también la atención que en el extenso informe del agente de Medio Ambiente del Consell se concluya textualmente que «las memorias del Consorci no contemplan vertidos de residuos de tejidos animales desde el año 2016». Lo cierto es que, como reveló este diario, en la memoria de 2018 aparecen entre los meses de abril y junio 112 toneladas de residuos de mataderos enterrados en el vertedero cuando se tenían que haber incinerado , en este caso sin excepción porque venían mezclados de origen y los materiales de riesgo (categoría 1) con los que no lo son (categorías 2 y 3). Las facturas pagadas a Milà por los ayuntamientos en esos tres meses muestran que su tratamiento se facturó con la alta tarifa del horno incinerador.

Milà tiene autorización expresa para enterrar la mayoría de restos de animales que obliga a incinerar

Milà enterró restos animales con categoría de riesgo y los facturó a precio de incinerar

El Consell ha obligado a gastar 1,76 millones públicos para incinerar restos de animales que la UE permite enterrar

Una primera inspección en Milà detecta puntos ciegos en las cámaras de vigilancia

Los restos de animales del vertedero provienen de sacrificio de matadero