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Las memorias oficiales del Consorci de Residus i Energía de Menorca revelan el entierro irregular en el vertedero del Área de Gestión de Milà de restos de sacrificio de matadero que la normativa comunitaria obliga a incinerar por constituir «un riesgo potencial para la salud pública, la salud animal y el medio ambiente». Según esos documentos públicos, entre los meses de abril y junio del año 2018 la UTE Es Milà, concesionaria de las instalaciones, vertió 112,22 toneladas de desechos animales que sin excepción tenían que haber sido eliminados en el horno incinerador. Los registros económicos de los ayuntamientos de Ciutadella y Maó muestran que el trabajo se facturó a precio de incineración.

En esa relación de facturas se puede observar las altas facturaciones que recibieron los ayuntamientos por la gestión en esos tres meses. En conjunto 33.098,2 euros en abril, 43.182,6 euros en mayo y 44.285,7 euros en junio. Son precios que responden a la tarifa de incineración del Área de Gestión de Milà (poco menos de 840 euros por tonelada en ese ejercicio). Desde el Ayuntamiento de Maó incluyen la relación de tarifas en el apartado de incineración, de hecho así figura también el servicio prestado en los registros oficiales de movimientos nacionales de ‘sandach' (el nombre técnico de los restos animales).

La Comisión Balear de Medio Ambiente extremará la vigilancia sobre Milà .

Llama la atención que en la relación de la facturación de la UTE Es Milà al Ayuntamiento de Ciutadella, el que ha hecho frente a un mayor esfuerzo para sufragar el alto coste de incineración, precisamente en esos tres meses de 2018, los conceptos cambian para referirse a términos que no se corresponden con los servicios propios de Milà como «gastos de recogida» o simplemente «residuos de tejidos animales», sin que aparezca el término «incineración», como sí figura en otros meses (aunque no en muchos otros).

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Ni un gramo de material incinerado

La presencia de 122 toneladas de residuos considerados material específico de riesgo en el vertedero de Milà que se recoge en la memoria de 2018 no es el único indicio de que estos residuos no se incineraron como marca la normativa. No hay que moverse de ese documento público y oficial que elabora el Consorci de Residus i Energia, dependiente del Consell insular, para encontrar más datos que lo vienen a corroborar. En los tres meses analizados no se volcaron apenas cenizas en el vertedero. En abril 0,79 toneladas. En mayo y junio, ni un solo gramo. Todo parece indicar que debido a la indisponibilidad del horno de la planta de Milà, que se habría resuelto, siempre según los datos oficiales, vertiendo los residuos.

En dicha memoria llama mucho la atención el inusualmente bajo tonelaje de residuos recibidos en el Área de Gestión de Milà. En abril 26,15 toneladas, en mayo 4,20 toneladas y en junio 21,42 toneladas. Esos valores no solo están enormemente alejados de lo que produjeron y enviaron los mataderos –y que según la documentación fueron admitidos en Milà–, sino que chocan frontalmente con los registros de vertido, sobre todo en mayo (51,44 toneladas) y junio (41,32).

Todos esos vertidos están reflejados con el mismo código de la Lista Europea de Residuos que figura en los documentos de identificación de los traslados efectuados por un transportista autorizado hasta su admisión (sellada y firmada) en el Área de Gestión de Milà. Asimismo en el Documento Comercial para Movimientos Nacionales de Sandach de cada envío se puede leer que los residuos recibidos corresponden a la categoría 1, materiales específicos de riesgo (MER).


Conviene recordar que tanto el matadero de Ciutadella, como el de Maó venían separando los restos de sacrificio por categorías (1, 2 y 3) cuando solo se incineraba la de riesgo, la primera. Sin embargo, en el momento en que el Consell permitió –haciendo caso omiso a la declaración de zona remota– que la UTE Es Milà pasara a incinerarlos todos, eso fue en 2016, se vieron empujados a mezclar todos los residuos. La normativa europea (reglamento 1069/2009) es clara en ese sentido. Si se mezclan residuos que pueden constituir un riesgo ambiental y sanitario con materiales no peligrosos todos pasan a tener consideración de riesgo. Son categoría 1 y en este caso sin posibilidad de excepción para zonas remotas– deben ser incinerados.

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