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La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación de la madre de un menor y del Consel l que habían acusado al padre de un delito de abuso sexual sobre el niño, cuando este tenía 7 años de edad, en su domicilio de un pueblo de la costa norte de la Isla.

Se trata del tercer dictamen judicial que desacredita a la institución insular cuestionando a los técnicos del Servicio Insular de Familia y Menores y convierte la sentencia en firme. Reitera que la psicóloga del servicio había influido en la declaración contradictoria del menor , entre otros aspectos del proceso que ha mantenido al padre sin contacto con el menor ni tampoco con su hermano durante casi ocho años.

El 19 de enero de 2017 el Consell dictó resolución de desamparo de los dos niños , suspendió la patria potestad a los padres , se hizo con la tutela de ambos, y otorgó provisionalmente la guarda a la madre. Lo hizo a partir de la recepción de un comunicado tramitado al Registro Unificado de Maltrato Infantil de Balears «por comportamientos sexuales inapropiados a la edad del menor».

Tanto la denunciante como el Consell solicitaban una pena de 12 años de cárcel para el padre , y una indemnización de 150.000 y 75.000 euros, respectivamente, mientras que el fiscal, que pedía la misma pena de prisión, elevaba la indemnización a 50.000 euros. Tras ser absuelto el padre por la Audiencia Provincial , el Ministerio Fiscal no recurrió, como sí lo hizo la madre y el Consell, ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que también desestimó íntegramente la acusación en mayo de 2022.

La firmeza de la sentencia, que también condena al Consell y a la mujer al pago de las costas, debería permitir al padre recuperar el contacto con sus dos hijos, aunque aquí entra en juego el deseo de los menores, ya en edad adolescente.

El padre y su familia se hacen cruces porque el Consell siguiera adelante con la acusación y elevara recursos al TSJB y al Supremo pese a los informes y sentencias que no consideran probados los abusos y sí las deficiencias en la labor llevada a cabo por la psicóloga y otros técnicos del Consell.

En los recursos, madre e institución apelaban, entre otros puntos, a la falta de parcialidad de la sala del TSJB, o a la vulneración de derecho fundamental ya que el menor no declaró en el juicio porque fiscal y acusaciones pidieron que valiera su testimonio en la fase de instrucción.

La abogada de la acusación particular, Cinta Caminals, confirmó a este diario que da por concluido su trabajo, mientras que la de la defensa, Carmen Pecharromán, de acuerdo con la familia de su cliente está a la espera de la ejecución de la sentencia para que el padre pueda recuperar la relación con sus hijos.

La familia paterna pedirá indemnizaciones cuantiosas por reclamación de daños si finalmente la justicia le da la razón en el proceso que tiene abierto. «Nos gustaría que pagaran por sus actos, por el daño que nos han hecho al privarnos tantos años de tener contacto con los niños y difamar a su padre», señala un portavoz de la familia. Indica, además, que el Consell «ha tenido un abogado externo, con el coste que supone, y sus servicios jurídicos han aceptado las barbaridades que han hecho en el Servicio de Menores saltándose los protocolos que han cambiado gracias a nuestro caso».

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