La oposición en el Consistorio que preside Antonia Camps, explica que el pago de las primeras facturas a la empresa que instaló los radares, Alumbrados viarios SA, suma ya 208.664 euros, que corresponden al 59 por ciento de la recaudación de las multas, según contrato.
El PSOE, que votó en su día a favor de instalar los radares pero no al modo de gestión, entiende que la alcaldesa no quiere asumir la realidad de una operativa «que ha estado plagada de errores desde el principio». Entre ellos, destaca la cesión del 59 por ciento de las sanciones a la empresa, su precipitada puesta en funcionamiento, o la ubicación de uno de ellos en el polígono, a la salida del pueblo hacia Sant Tomàs, en lugar de la Avinguda de la Mar, donde sí caminan peatones.
Además, considera que la señalización de los radares es insuficiente y que el Ayuntamiento se ha mostrado incapaz de gestionar la tramitación de las multas que el equipo de gobierno acabó externalizando a CGi con un contrato menor.
Critica el PSOE la avalancha de multas que llegaron a los infractores de febrero a abril, correspondientes al agosto anterior, y por último cuestiona el conflicto competencial con la Dirección General de Tráfico.
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