La Asociación Náutica para el Turismo Sostenible de Menorca, constituida en 2021 y que está integrada por 54 vecinos de Fornells interesados en la gestión de los amarres de este puerto, ha presentado alegaciones al pliego de condiciones del concurso público por el que Ports de les Illes Balears pretende adjudicar la explotación de cinco pantalanes en el núcleo del norte de la Isla para los próximos cuatro años. Su intención es que quede en suspenso y se rehaga con otros parámetros.
El colectivo opta por esta vía después de haber visto como su pretensión de presentarse al concurso público se ha frustrado, explican, a causa del poco tiempo que ha otorgado Ports para formalizar las propuestas aspirantes a la gestión de estos pantalanes. El plazo de apenas veinte días hábiles ha conllevado, para la asociación, la imposibilidad práctica de reunir los requisitos técnicos y económicos para aspirar a una de las cinco adjudicaciones en juego. El plazo para presentar ofertas acabó el pasado miércoles día 19.
Esta imposibilidad se ha producido a pesar de que la asociación nació con la decidida voluntad de concurrir a este tipo de concursos y garantizar, así, los derechos de los amarristas de temporada que residen en Fornells, entre otras cuestiones relacionadas con la navegación, el turismo náutico y el medio ambiente.
Cuatro son las alegaciones presentadas por la asociación. La primera se opone a que las empresas adjudicatarias no tengan la obligación de respetar la actual lista de espera de amarres de gestión pública, algo que no comprenden puesto que no perjudicaría en nada a los intereses económicos de los adjudicatarios.
La segunda alegación se refiere, precisamente, al corto tiempo disponible para preparar las ofertas con el que, a su entender, «se está incumpliendo el principio básico de efectiva concurrencia e igualdad». Esta premura es especialmente lesiva para aquellos interesados que no son grandes empresas y deben acreditar solvencia económica, para lo cual necesitan trámites con entidades financieras.
El tercer punto de discrepancia es la preponderancia en las valoraciones de los criterios económicos, lo que provoca que «el pliego bajo la apariencia formal de un concurso es un verdad una subasta», algo que es contrario a la ley de puertos balear. El análisis de las puntuaciones a resolver lleva a la asociación a deducir que «el mejor postor económico será el vencedor». Entiende este colectivo que Ports debería entrar a valorar más otros aspectos como «la óptica social, la medio ambiental, la de seguridad, entre otras».
El colectivo teme que los amarres se usen como reclamo en otro tipo de negocios
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