El nuevo edificio de Ciutadella tendrá espacio para cinco juzgados y más fiscales

En el mismo pliego de condiciones se detalla que el edificio tendrá capacidad para albergar los tres juzgados que ahora mismo hay en Ciutadella, dos juzgados más que quedan en reserva para atender futuras necesidades en «distintas jurisdicciones», tres salas de vista (una de ellas también en reserva), el registro civil con sala de bodas, la Fiscalía con opciones de aumentar el número de efectivos, el decanato, el juzgado de guardia, la clínica forense, despachos de atención de profesionales, entre otras dependencias complementarias, además de un aparcamiento con unas plazas en el exterior y otras en dos sótanos a los que se propone acceder mediante monta-coches.

La superficie construida será de 7.691 metros cuadrados, con 4.406 sobre rasante y 3.285 metros cuadrados bajo el nivel del suelo. El acceso principal se establecerá por la calle Orient, frente a un patio central, en la cara este. Habrá una segunda entrada en la fachada norte. Una vez se disponga del proyecto ejecutivo, para lo cual se fija un plazo de cinco meses, la obra podrá ser licitada. Cuando se disponga de un constructor contratado, este tendrá 26 meses para ejecutar las obras, a los cuales seguirá un periodo de dos meses para su puesta en funcionamiento.

Solución a un espacio «totalmente saturado»

Además de contemplar espacio para crear en el partido judicial de Ciutadella dos nuevos juzgados en el futuro, el anteproyecto del nuevo edificio prevé un posible incremento del número de fiscales y funcionarios, «más las dotaciones correspondientes de los otros usos de apoyo».

La memoria justificativa del contrato redactada por el Ministerio de Justicia no esconde que el espacio actual de los juzgados de Ciutadella «está totalmente saturado». Explica que uno de los juzgados de instrucción «tuvo que instalarse en una antigua vivienda sin cumplir los requisitos necesarios» y el otro «se instaló en un edificio separado e igualmente sucedió con la Fiscalía». Continua que «esta colmatación y organización dispersa crea problemas tanto para el funcionamiento interno de los propios juzgados como para los profesionales y ciudadanos afectados», además de suponer un impedimento a la hora de poder crecer en número de órganos judiciales si se consideraran necesarios.