Los inquilinos de los pisos que pasaron a ser propiedad del ‘banco malo’ en las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó respiran un poco más tranquilos después de confirmar que sus contratos de alquiler están dados de alta, vigentes hasta la fecha de vencimiento que se estipuló en el momento de la firma, y que a partir de julio pagarán la renta a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), titular de los inmuebles desde el pasado 24 de abril.
Los que hayan pagado los meses de mayo y junio a la empresa explotadora de los inmuebles –que contrató la promotora Mussola y Bitácora Promociones SL mientras estaba en juicios por impagos–, tendrán que presentar sus recibos, junto con otra documentación necesaria para seguir con la relación normal entre arrendador y arrendatario.
Los vecinos, por grupos, mantienen estos días contacto directo con una técnica de Anticipa-Aliseda, una de las firmas que actúa como servicer de la Sareb, es decir, es una de las adjudicatarias de los servicios de gestión y comercialización de una cartera de inmuebles y préstamos provenientes del saneamiento de entidades financieras, los llamados activos tóxicos derivados del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de 2007-2008.
Primer encuentro
Un primer encuentro tuvo lugar este miércoles al mediodía en el Ayuntamiento de Maó entre la representante de Anticipa-Aliseda y un grupo de inquilinos, cada uno con circunstancias diferentes que expusieron durante la reunión, para después entregar sus datos, copias de contratos y recibos así como exponer incidencias habidas en sus pisos. También para dar cuenta de las posibles situaciones de vulnerabilidad ya que, tal y como insiste la Sociedad, desde que en 2022 tiene mayoría pública existe un mandato de utilidad social y «se tiene en cuenta la situación de las personas», por lo que los más vulnerables podrán optar a ese programa social y acceder a un alquiler asequible.
El Ayuntamiento de Maó ha mediado para que los gestores de la Sareb y los vecinos puedan entablar relación, dado el clima de incertidumbre y preocupación que atravesaban las personas afectadas; las reuniones se celebran en el salón de plenos de la Casa Consistorial, cedido con ese objetivo. Este miércoles una veintena de inquilinos asistió al encuentro con la técnica de Anticipa-Aliseda, al que también asistió el teniente de alcalde de Atención a las Personas, Enric Mas.
La representante de Anticipa-Aliseda también quiso tranquilizar a los vecinos, «en la calle no se va a quedar nadie», dijo, aunque también recordó que «la estrategia de la Sareb es vender», porque debe deshacerse de esos activos antes de su disolución en 2027.
A lo largo del encuentro celebrado los inquilinos plantearon numerosas dudas sobre incidencias en los edificios –goteras y otros desperfectos–, cambios en los alquileres por ejemplo de trasteros y plazas de parking, y el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que algunos asumen y pagan directamente al Ayuntamiento.
Ahora toca revisar cada contrato, tal y como expuso la técnica de Anticipa-Aliseda, quien insistió en que todos los pagos seguirán realizándose como estipulan los contratos actuales, «la Sareb no mandará un nuevo contrato, es el que tienen, sigue igual», indicó. También les informó de que se va a constituir una comunidad de propietarios con un administrador y que personal de la empresa especializada en servicios Serveo visitará el inmueble; de hecho ya ha habido una primera visita para revisar las partes comunes, afirmaron los vecinos.
Renovación
Algunos de los asistentes se interesaron por conocer si los contratos actuales podrán ser renovados cuando concluyan, algo improbable porque el ‘banco malo’ tiene que desaparecer. No obstante la técnica señaló que 4 o 5 meses antes de la finalización de cada contrato de alquiler la sociedad informará al inquilino si se le ofrece una compraventa preferente o si se renueva, será en ese momento cuando se realice un estudio de vulnerabilidad para optar al alquiler social.
La casuística de los contratos de ambos inmuebles es diversa, pero en su mayoría finalizan a lo largo de 2026. A raíz de esta ejecución hipotecaria contra la promotora fallida también se conocen situaciones de subarrendamiento que empezaron con el típico realquiler de habitaciones por el inquilino original, por lo que los ocupantes actuales no tienen contrato.
El apunte
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2 comentarios
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Lo que tienen que hacer es denunciar a los " liantes " y que paguen por el mal trago que ha pasado toda esta gente.
Es que lo de que el Estado hiciera de fondo buitre no tenía mucho sentido…