Después del intento fallido de la semana pasada, y tras unos días de intensas negociaciones, este jueves se convocó un pleno extraordinario para aprobar la nueva tasa de residuos de Maó, que entrará en vigor en enero del 2024. | Gemma Andreu

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Tras un primer intento fallido y una semana de intensas negociaciones entre los distintos grupos del Consistorio, el pleno del Ayuntamiento de Maó aprobó este jueves la nueva tasa de residuos, que debe entrar en vigor el próximo 1 de enero. Si la primera propuesta del equipo de gobierno del PSOE fue tumbada en el pleno de la semana pasada, con el voto en contra del PP y de Xisco Cardona y la abstención de Ara Maó, este jueves los socialistas contaron con el voto favorable de los populares, con lo que la tasa finalmente pudo salir adelante. Desde Ara Maó, se mantuvieron en la abstención, aunque celebraron que la modificación de la tasa en la dirección que ellos proponían.

Durante el pleno, el alcalde Héctor Pons se congratuló del acuerdo alcanzado y aseguró que «la propuesta no es perfecta, pero es mejor que la de la semana pasada, porque todos hemos aportado», y subrayó que «a nadie le gusta poner una tasa nueva, pero estoy satisfecho de que en una de las cuestiones más importantes del mandato, nadie vote en contra».

Por su parte, el portavoz del PP, Mateu Aínsa, también hizo una lectura positiva de la entente alcanzada y aseguró que su voto favorable era por «responsabilidad hacia los mahoneses». «Quiero resaltar el acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, y llegar a acuerdos entre nosotros tendría que ser lo normal», remarcó. Finalmente, Jordi Tutzó, afirmó que «es relevante que se hayan incluido muchas de las propuestas que Ara Maó puso sobre la mesa, y que han mejorado notablemente el articulado de la ordenanza, pero también es cierto que sigue siendo una norma insuficiente para nosotros».

Tarifa progresiva

El nuevo tributo tendrá una cuota base de 65 euros para el 2024, menos de la mitad de los 135 euros de la primera propuesta de los socialistas, a la que se le aplicarán unos coeficientes correctores en función de los metros cuadrados de la vivienda. De esta manera, se descarta la tarifa plana planteada inicialmente y se introduce un elemento de progresividad. Además, fruto de las negociaciones con los otros partidos, se rebajará un punto el IBI y se incrementará hasta el tres por ciento el ICIO, que ya se subió del 1 al 2 por ciento en el pleno de la semana pasada.

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De este modo, la ordenanza plantea una tarifa progresiva a partir de la superficie de las viviendas, con lo que pagarán más las casas más grandes. Así pues, la tarifa base de 65 euros anuales se aplicará a las viviendas de entre 100 y 125 metros cuadrados. Por su parte, las viviendas de hasta 75 metros cuadrados solo pagarán el 70 por ciento, es decir, 45,5 euros, y las de entre 75 y 100 metros cuadrados, el 85 por ciento, lo que supondrá una tasa de 55,25 euros. En cambio, las viviendas de entre 125 y 150 metros cuadrados verán incrementada la cuota en un 15 por ciento, hasta los 74,75 euros, y las de más de 150 metros cuadrados en un 30 por ciento, llegando a los 84,5 euros. Del mismo modo, la tarifa base comercial baja hasta los 60 euros, sobre la cual se aplicarán varios coeficientes correctores.

También se incluyen ahora dos bonificaciones de carácter social que no se habían contemplado en la primera propuesta, y que se aplicarán a partir del 2025. La primera va destinada a las personas inscritas en el Censo de Alquiler Ético del Consell, para las que se propone incorporar un 50 por ciento de bonificación, y la otra plantea una rebaja fiscal del 50 por ciento para las personas propietarias que se encuentren inmersas en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Desde el equipo de gobierno,    la concejala de Régimen Interior, Elena Costa, explicó que el criterio que finalmente se aplicará para determinar la tasa se había descartado inicialmente, al no ser posible establecer una relación directa entre las dimensiones del inmueble y los residuos que se generan, pero se ha incorporado ahora ante la imposibilidad de aplicar el próximo año el criterio que tiene en cuenta el número de personas empadronadas en el domicilio. Sin embargo, no descartó que este criterio pueda utilizarse más adelante.

La nueva tasa de residuos permitirá cubrir el 50 por ciento del sistema de recogida ‘puerta a puerta', por lo que se prevé que el precio se vaya incrementando durante los dos próximos años, hasta costear la totalidad del servicio en 2026.

El apunte

Un acuerdo fruto de una visión global de la fiscalidad local

En el marco de las negociaciones para establecer la nueva tasa de residuos, también se ha pactado compensar el nuevo    tributo con una ligera bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y una subida del ICIO. Según señalaron desde el equipo de gobierno, estos cambios responden a las demandas de PP y Ara Maó, que durante el pleno de la semana pasada pidieron que la nueva tasa tuviera en cuenta una visión general de los ingresos del Consistorio.

El IBI en Maó no se tocaba desde 2016, cuando el equipo de gobierno liderado por Conxa Juanola y con Jordi Tutzó como concejal de Hacienda lo subió del 0,55 al 0,67. Ahora, el tipo se reduce una centésima, hasta el 0,66 por ciento, lo que supondrá que el Ayuntamiento deje de ingresar 173.280 euros anuales. De este modo, para una vivienda con un valor catastral de 81.700 euros, la media en Maó, el recibo pasará de 547,4 euros a 539, reduciéndose en unos 8 euros.

La bajada del IBI es una de las medidas que los populares siempre han reclamado y el portavoz popular, Mateu Aínsa, ya la puso encima de la mesa en el último pleno municipal. «Desde el PP defendemos que es necesario tener una visión conjunta de toda la carga fiscal. Cuando tocamos un impuesto, tenemos que pensar en los otros», volvió a señalar ayer Aínsa. Por su parte, desde Ara Maó también apoyaron esta visión de conjunto y consideraron la bajada del IBI como un gesto necesario, aunque finalmente se abstuvieron.

Por otro lado, y para compensar la bajada de ingresos del Ayuntamiento respecto a las previsiones iniciales y no descuadrar las cuentas municipales, también se acordó una subida hasta el tres por ciento del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), un tributo indirecto que ya se incrementó en el pleno de la semana pasada, pasando del uno al dos por ciento, con el voto favorable de PSOE y Ara Maó y el contrario del PP. Ahora, con el tipo al tres por ciento, los servicios económicos del Consistorio calculan que el año que viene se podrán recaudar 520.000 euros más respecto al 2023. Este punto contó ayer con el voto favorable de PSOE, PP y Ara Maó.