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La enmienda del PI a la Ley Turística que permitirá a los establecimientos hoteleros de una y dos estrellas cambiar su uso para convertirse en edificios residenciales no será de aplicación directa en Menorca, donde será el Consell quien a través del PTI decida lo que quiere hacer al respecto. La Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, que el martes había escenificado el acuerdo alcanzado con el PI y la patronal hotelera de Mallorca, confirmó este miércoles que la medida que se introducirá en la nueva ley sectorial –y que incluía la obligación de destinar la mitad de las plazas a vivienda social– especificará una excepción menorquina.

Según las estadísticas oficiales del departamento de Ordenación Turística del Consell en estos momentos hay registrados en la Isla 33 establecimientos que cumplirían los requisitos definidos en el texto de la enmienda presentada por el PI, que todavía falta transcribir en formato legal en la nueva Ley Turística que el Govern está negociando con los grupos parlamentarios. En los últimos 20 años se ha ido reduciendo el número de establecimientos de una o dos estrellas, pero los existentes suman todavía al menos 1.250 plazas de alojamiento.

El texto de la enmienda abría la posibilidad asimismo de que los llamados establecimientos obsoletos puedan convertirse también en residencias de ancianos u oficinas, entre otros, y establece que será preceptivo un informe vinculante de los ayuntamientos en el que se analice el impacto que tiene esta transformación residencial en aspectos como los equipamientos públicos y las redes de movilidad. También presenta garantías laborales para que los trabajadores sean recolocados.

Durante la negociación en curso de la nueva Ley Turística, Més per Menorca ha ejercido una férrea oposición a la medida, consiguiendo finalmente que se apruebe una exclusión para Menorca en la que está de acuerdo la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), desde donde aseguran que en la Isla «no tenemos esta tipología fuera de mercado», defiende su presidente, Luis Casals, quien asegura que en Menorca la gran mayoría de establecimientos ya han vivido una transformación para subir de categoría desde hace años. Otra cuestión es la obsolescencia de buena parte de la planta de apartamentos, a los que la enmienda no hace referencia. Algunos de los establecimientos que –a la espera de ver el redactado final– cumplen con los requisitos atienden una demanda existente de trabajadores o están en procesos de compraventa para aumentar su categoría.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells, presente en las negociaciones, explicaba este miércoles los motivos de la formación para oponerse a este cambio en el planteamiento de la Ley Turística: «Corríamos el riesgo de crear guetos de viviendas en zonas turísticas que no tienen dotación de los servicios públicos básicos necesarios para vivir con dignidad: recursos sanitarios, transporte público u oferta comercial». En ese sentido advirtió de que «hacer un cambio de uso sin control podría conducirnos a la situación de Mallorca, donde hay zonas turísticas con población consolidada todo el año».

En núcleos urbanos La formación sí estaría abierta a estudiar la opción de que se permitiera esos cambios de usos solamente en núcleos urbanos consolidados. En ese sentido están pendientes de acordar el redactado definitivo. La formación asegura que el acceso a la vivienda «es una prioridad», pero defienden que se debe centrar en los núcleos urbanos, donde todavía hay muchas viviendas vacías o quedan muchos solares por desarrollar: «Las zonas turísticas no pueden evolucionar hacia un uso residencial con más consumo de territorio».

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