El Claustre del Carme acogió este fin de semana un acto del partido sobre la vivienda. | R.R.

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Si finalmente la futura Ley de Vivienda estatal establece que es suficiente con cumplir uno de los dos requisitos fijados para que una zona sea considerada tensionada, como en los últimos días han desvelado algunos medios de comunicación nacionales, en las Islas y en Menorca la decisión recaerá directamente en el Govern balear, competente a la hora de solicitarlo. El condicionante del incremento de los precios se cumple en la mayor parte del territorio. En la Isla solo Sant Lluís y Ferreries se quedarían fuera, si se toman como referencia los últimos datos oficiales de la administración central. Es más complicado que en Menorca se pueda cumplir el requisito de que las familias estén destinando un 30 por ciento o más de sus ingresos a la vivienda, si se utilizan las mismas cifras.

En este contexto, desde Unidas Podemos han iniciado una ofensiva para presionar de antemano y que en cuanto sea posible Menorca sea declarada zona tensionada, lo que significaría que se aplicarían las restricciones en los precios y bonificaciones más significativas que incluye el borrador de este nuevo texto normativo. «Balears tiene que ser la primera comunidad autónoma en aplicar la Ley de Vivienda estatal», afirmaba ayer mismo la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans.

En este mismo sentido se pronunciaron las participantes en una jornada sobre vivienda celebrada el fin de semana en Maó. Antònia Jover, diputada de Unidas Podemos por Balears en el Congreso, explicó en este foro que «Menorca debe ser declarada zona tensionada, el Govern no puede dejarla fuera de la futura Ley de Vivienda estatal».

Alejandra Jacinto, secretaria de Derecho a la Vivienda de Podemos a nivel estatal, también participante en el acto, declaró que «la problemática de la vivienda es generalizada en todo el Estado pero que en Balears se intensifica en lugares como Eivissa y Menorca por la falta de acceso a vivienda real, entre otras cosas por la precariedad laboral, la estacionalidad del empleo y por los precios tan elevados de las viviendas». Jover y Jacinto refuerzan de este modo el posicionamiento que ha mantenido en la Isla su compañera, la consellera Cristina Gómez.

En una zona tensionada, según lo que se conoce del texto, los alquileres en ningún caso podrán subir por encima del IPC, con la excepción de que se demuestre que en el edificio se han realizado mejoras. Las empresas que sean propietarias de diez o más inmuebles tendrán que rebajar el importe y atenerse a unas cantidades de referencia que marcará el Gobierno central. Los propietarios disfrutarán de importantes bonificaciones fiscales, hasta del 90 por ciento, si realizan rebajas en el precio del alquiler y se destinan a determinados colectivos, como los jóvenes. En estas zonas tensionadas el recargo del IBI a una vivienda vacía podría llegar a ser del 150 por ciento.

«La vivienda pasa de estar concebida como un bien de mercado a un derecho humano», afirmaba en Maó la secretaria de Derecho a la Vivienda, Alejandra Jacinto. En la jornada se puso el acento en la necesidad, también, de poner en el mercado viviendas ahora vacías y en aumentar el parque de VPO.