Tres chalés con las horas contadas, ocho atorados y unos 50 para 2038 en el parque natural

El proceso de derribo de estos inmuebles está siendo más bien lento. En 2009 se tumbó uno de los cuatro chalés que se encontraban en la zona de máxima protección. La demolición de los otros tres es un proyecto que pretende ejecutar en breve el Ayuntamiento de Maó financiado con los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, 37.000 euros como máximo. El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, visitó ayer la zona, calificó esta iniciativa de «fantástica noticia» y anunció que asumirá la restitución de las parcelas. El alcalde Héctor Pons indicó que «es un buen ejemplo de como invertir el Impuesto de Turismo Sostenible».

El resto se encuentran en la zona de protección 2. Muchos habitados. Alguno está muy cerca de los que serán demolidos. La mayoría, medio centenar, están fuera de ordenación con concesiones que finalizan en 2038. Entonces la administración podrá ejecutar su demolición.

Otros ocho apartamentos están a un par de pasos del centro de interpretación del parque natural, a medio construir. La orden de demolición de estos inmuebles se aprobó por el Ayuntamiento de Maó en diciembre de 2000, hace casi veinte años. Pero no parece que se vaya a ejecutar pronto. Dos problemas atoran el asunto. El primero y principal, que en uno de ellos vive gente, con permiso de los propietarios originales. Tiene que intervenir un juez y no es sencillo. El segundo: no está claro si la ejecución corresponde a quien decretó que eran casas ilegales, el Consistorio, o al responsable del parque, el Govern. En los últimos años no se ha producido avance alguno.