Imagen de la presidenta del Govern, Marga Prohens, con Pedro Sánchez en su reunión en el Palacio de la Moncloa. | Efe

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El anunciado rechazo de Baleares a la propuesta de condonación de deuda que ha planteado el Govern impedirá eliminar de golpe un 20 % del endeudamiento que tiene Baleares. Las Islas sumaban en el tercer trimestre del año pasado deudas por valor de 8.661 millones de euros, una cifra que la Conselleria d’Hisenda espera rebajar en el último trimestre del año. Si el Govern aceptará la reducción de esos 1.741 millones que propone la vicepresidenta María Jesús Montero, la cifra descendería un 20 % hasta quedar en 6.920 millones.

La propuesta que se ha planteado a las comunidades autónomas vuelve a dejar a Baleares por debajo de la media en ese perdón gubernamental de la deuda. En su conjunto, las comunidades verán reducido su endeudamiento en un 24,9 %, lo que deja a la comunidad autónoma por debajo. También están por debajo Cataluña y la Comunidad Valenciana, dos de las comunidades porcentualmente más endeudadas, además de Madrid. Cantabria queda justo en la media. En términos relativos, las dos comunidades mejor paradas serían Canarias, con un reducción de su deuda actual de un 50 %, y Andalucía, con un 47 %. También saldrían beneficiadas Asturias y Galicia.

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Uno de los argumentos del Govern para oponerse a esta medida es el importante esfuerzo que ha hecho la comunidad en los últimos años para ajustar sus niveles de endeudamiento. La cifra más alta en relación al PIB fue en 2020, con una deuda del 34,2 % del PIB, frente al 19,5 % con el que el Govern espera cerrar el año. Hay una precisión importante porque ese 2020 se produjo un desplome importante del PIB como consecuencia de la pandemia, lo que hace que la deuda se eleve artificialmente. En cualquier caso, Balears llegó a estar en ese porcentaje tras la crisis de Lehman Brothers.

La presidenta del Govern reiteró este martes que Baleares se opondrá por ahora a esta quita de deuda. En el pleno del Parlament, ante varias referencias de la oposición, Marga Prohens pidió a los representantes socialistas que dejen de «dar la espalda a los ciudadanos». «¿Cuándo perderán el complejo de inferioridad frente a Cataluña?», se preguntó ante las alusiones del PSIB.
El vicepresident del Govern, Antoni Costa, votará hoy en contra de la propuesta que se planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne hoy en Madrid. En él participarán el Gobierno y las comunidades autónomas y todas las del PP ya han mostrado su rechazo a una medida pactada en exclusiva entre el Gobierno y ERC.

«No necesitamos condonar ninguna deuda y no aceptaremos que se nos ponga un plato de lentejas en la mesa», dijo Antoni Costa. «Es una medida pactada a beneficio de Sánchez para que siga en La Moncloa», denunció. Afirmó que el Govern no aceptara «chantajes» ante una medida pactada «con los separatistas de Cataluña».«Yo no quiero esto, quiero que se negocie un sistema de financiación que está caducado desde 2014 y que cada dos por tres Montero nos propone conatos de reforma que son apaños y chapuzas». Aseguró que el actual Govern nunca ha defendido que se perdone esta deuda y recordó que él tampoco estaba a favor cuando era diputado de la oposición. «Es un muy mal precedente para unas administraciones públicas. Las deudas que contrae esta administración se van a pagar», sentenció.

El apunte

La Sindicatura calculó que debía condonarse el doble: 3.360 millones

La Sindicatura de Comptes hizo un informe que cifró en 3.360 millones de euros el endeudamiento que ha provocado la infrafinanciación de las Islas. Esa es la cantidad que el Govern reclamó inicialmente cuando la consellera d’Hisenda era Catalina Cladera y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La llegada de Pedro Sánchez al poder y la elección de María Jesús Montero como ministra de Hacienda tumbaron las expectativas de conseguir una propuesta que reclamaba el Govern de Francina Armengol, ya que Montero se había opuesto de forma radical a esta posibilidad en su etapa como consejera de Hacienda de Andalucía.
Catalina Cladera encargó este informe porque sostenía que una gran parte de la deuda que tenían las Islas se debía a que la histórica falta de financiación de la comunidad no dejaba otra opción al Govern que endeudarse para poder pagar parte de los servicios públicos fundamentales. Desde que se hizo el informe ya han pasado seis años.