VOX, que ejerce la defensa de Le Senne a través de su responsable jurídica, puede recurrir ante la Audiencia la decisión judicial. | M. À. Cañellas

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El auto judicial que deja a Gabriel Le Senne con pie y medio en el banquillo de los acusados considera que el presidente del Parlament actuó con una «clara intención de humillar» a las víctimas del franquismo. El magistrado describe la acción de Le Senne en el pleno y sostiene que la rotura de las fotografías en trozos pequeños y que los arrojara al suelo «revela un odio evidente hacia la ideología de las personas representadas». También añade que Le Senne actuó «mostrando rabia, ira y desprecio hacia lo que representaban dichas imágenes».

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A diferencia de la Fiscalía, el magistrado pone el foco en dónde, cuando y cómo ocurrió el suceso. «No puede deslindarse del lugar, el momento y la persona». Recuerda que no se debatía cualquier norma en el Parlament sino una propuesta para derogar la Ley de Memoria Histórica y que Le Senne actuaba como presidente de la cámara. Así, sus acciones se dirigieron contra figuras notorias como Aurora Picornell, «que representan en el seno de la comunidad autónoma ideales de la lucha antifranquista». El auto pone de relieve el reconocimiento público a la figura y los homenajes tributados en los últimos años. Así, el comportamiento del presidente del Parlament, «no solo menoscaba la memoria de dichas víctimas, sino también de los familiares de las mismas, del partido al que representan, además de la sociedad en general».

El magistrado entiende que la intención de Le Senne no era únicamente mantener la neutralidad de la mesa, dado que, en otras ocasiones ya se habían exhibido fotografías sin que se produjeran incidentes similares. También valora que fue la primera ocasión en la historia del Parlament en la que el presidente de la cámara expulsaba de la misma a algún diputado, como hizo ese día con las socialistas Mercedes Garrido y Pilar costa, que eran las que mostraban las imágenes. Añade: «No se cometen por cualquier persona, sino que el sujeto activo o autor de esos actos es el Presidente del Parlamento Balear que, por rango oficial, es la segunda autoridad de las Islas Baleares, y que como tal, debió abstenerse de llevar a cabo dichas acciones no encajables en modo alguno en el cargo que representa».