Ha sido una grata noticia con la que clausurar el año la extensión de la gratuidad en el transporte público que va a beneficiar a miles de residentes en Menorca, también durante el ejercicio que está a punto de comenzar.
Bien sea por comodidad o por necesidad, en la mayoría de los casos, lo cierto es que las personas que utilizaron el transporte regular en Menorca entre septiembre de 2022 y el mismo mes de 2023 realizaron hasta 3,4 millones de viajes. De estos, casi el 60 por ciento, es decir, más de dos millones de desplazamientos, correspondieron a usuarios con recargas gratuitas de las tarjetas de bus, de las que el Consell expidió 28.000, y el resto mediante el pago del billete correspondiente.
Se trata de cifras suficientemente significativas que justifican la prolongación del servicio gratuito al menos un año más. Son 43 millones de euros los que el Estado destinará a Balears para que se pueda subir al bus sin abonar el trayecto directamente, considerando la procedencia del capital que gestiona el Ejecutivo. No parece, bajo ninguna consideración, una cifra astronómica, entre las que se manejan en los presupuestos en los que abundan partidas de discutible destino. En este caso, la finalidad no admite matices ni interpretaciones. Es una medida de equidad y justicia social, ya que garantiza que todos tengan la oportunidad de desplazarse mejorando su calidad de vida.
Esta gratuidad, además, ha cambiado hábitos históricos en quienes han descubierto que el transporte público es la alternativa perfecta para viajar cómodo, seguro y a coste cero, con el peaje mínimo, quizás, de llegar al destino, normalmente, unos minutos después de lo que lo hacían con su vehículo particular.
El transporte público, por razones obvias, reduce el tráfico y con ello baja la contaminación. Lo que se necesita ahora es estimularlo para que esté dotado de recorridos y frecuencias suficientes que sigan haciéndolo cada vez más necesario.
