Buen periodista y sociólogo que sabe auscultar e interpretar la realidad de Menorca, Sebastià Rotger acaba de publicar en «Es Diari» un artículo, «Burocràcia a la menorquina», en el que desnuda la verdadera dimensión del sector público insular.
Mediante una comparación con la administración pública de Eivissa, obtenemos conclusiones tan sangrantes como que las nueve instituciones menorquinas -el Consell y los ocho ayuntamientos- gestionan, en conjunto, 60 millones menos que las de Eivissa, y en cambio tienen en plantilla 106 empleados más, cuando la población pitiusa supera en 64.400 la de Menorca. Descubrimos, también, que a cada funcionario menorquín le corresponde atender a 50 ciudadanos, mientras que en Eivissa son atendidos 89. Y la administración ibicenca tiene un coste de 2.111 euros anuales para los ciudadanos de aquella Isla, mientras que el coste de la administración menorquina asciende a 2.898 euros.
El trabajo de investigación y análisis realizado por Sebastià Rotger concluye que los menorquines salimos perdiendo porque nuestra organización burocrática es ineficiente, pesada, lenta y costosa. Los datos son tozudos y exigen respuestas.
A quienes deberían interpelar, en primer lugar, es a quienes fueron elegidos el 28 de mayo y ahora han de tomar posesión para dirigir y gestionar la administración en los ocho municipios de Menorca y el Consell insular. Al grano: ¿necesita Menorca tanto sector público?, ¿quién controla la eficiencia y la productividad de nuestros funcionarios?, ¿quién vigila el cumplimiento de sus horarios y mide el nivel de absentismo y las bajas laborales?, ¿conocemos el contenido de los convenios en vigor?, ¿por qué se dificulta la atención presencial?
Preguntas que demandan respuesta, así como agilizar la concesión de las licencias urbanísticas y la tramitación de los expedientes. ¿Cambiará este escenario después del 29-M?
