Deben ser pocos los que duden sobre las causas que han llevado a Bildu a dar un pasito atrás, no muy pronunciado, en las ignominiosas listas que ha osado presentar la formación abertzale para las inminentes elecciones municipales y autonómicas.
Ha sido Pedro Sánchez, o el entorno del presidente a su dictado, quien ha hecho entrar mínimamente en razón a su aliado en el Congreso, para arrancarle el compromiso de que los siete condenados por delitos de sangre, directamente asesinos, renunciarán a las actas si resultan elegidos en sus municipios.
La sociedad española recuerda a Franco, entre otras muchas razones, porque el dictador ha sido el comodín de este gobierno en no pocas ocasiones a pesar de lo lejana que queda la dictadura. Pero afortunadamente tiene aún mucho más fresca a ETA por la proximidad temporal a pesar de que el gobierno se haya esmerado en facilitar su blanqueo, como si la retirada de las armas supusiera la desaparición de toda la gente que mataron.
Por eso el golpe que recibió Sánchez y su partido cuando medios nacionales revelaron la existencia de 44 condenados por delitos de terrorismo en las listas que Bildu presenta a las elecciones, fue especialmente doloroso. ¡Con todo lo que ha hecho él para naturalizar su integración en las primeras instituciones, como si de cualquier otro partido democrático se tratara, dándole preferencia y firma de pactos que han allanado su gobierno a cambio de no pocas concesiones!
Ni eso le bastó al presidente para que Otegi y compañía, ungido por ese protagonismo infame, haya tenido la impudicia de ejecutar esta maniobra que no duele solo a las miles de víctimas que dejaron los asesinatos de la banda terrorista, las que murieron y los familiares que siguen con vida, sino a la mayoría de los españoles. Que sea un partido legal con representación parlamentaria nunca debería bastar para incluir a tantas manos ensangrentadas en unas elecciones. ¿Qué diríamos si un violador optara a una alcaldía?
