La resistencia numantina que ofrece el Ayuntamiento de Maó para dar cumplida información sobre las sanciones que han implicado los primeros meses de funcionamiento de los radares de la Vía de Ronda, Sant Climent, y cámaras de acceso restringido al centro de la ciudad, no insinúa nada bueno para el contribuyente.
Ni la insistencia de este diario para conocer los datos relativos a estos dispositivos, ni tampoco las preguntas de la oposición al respecto han conseguido que el equipo de Gobierno dirigido por Héctor Pons cumpla con la transparencia que sí ofrece en otras áreas.
Circular a 30 por hora en algunos tramos de una de las vías más transitadas de la Isla, claro está, ha multiplicado la seguridad del tráfico rodado, aunque lo ralentice, como ya sucede en muchas ciudades de la geografía nacional. El límite de velocidad, no obstante, puede provocar retenciones de considerables dimensiones en la entrada de Maó cuando avance la temporada estival y el parque automovilístico se dispare.
Sin embargo, es tan sencillo el descuido en un momento determinado que, mucho me temo, estos radares se han convertido ya en una caja registradora que ofrecerá pingües ingresos al Consistorio si su eficacia está contrastada, aunque no fuera ese su propósito.
Un ejemplo lo encontramos en gran parte del personal de esta casa, obligado a pasar al menos cuatro veces frente al radar que vigila los 30 kilómetros por hora en la calle de Ses Quatre Boques. Especialmente en horarios menos frecuentados tras la jornada laboral, ¿quién puede evitar que con la mente dispersa, esa velocidad máxima no se supere en 10 o 15 kilómetros más y la multa caiga con todo el peso de su importe?
Quizás la demora del Ayuntamiento en ofrecer los datos de las sanciones, hasta ahora, descansa en la posibilidad de que ofrezca alguna salida magnánima para evitar puntualmente que las maltrechas economías producto de la inflación y todo lo que conlleva, no se vean todavía más agravadas. Sería un detalle.
