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El que manda reparte y se queda la mejor parte. El Govern es quien tiene el dinero y lo distribuye a los consells según la Ley de Financiación o lo invierte en programas propios que deberían beneficiar por igual a todos los habitantes de las Islas. Pero no es así. El Govern destina 1,2 millones de euros a la promoción de líneas de autobús a los espacios naturales de Mallorca. Solo de Mallorca. El motivo que Menorca y Eivissa tienen transferida esta competencia. Lo mismo sucede con un proyecto de la ecotasa para mejorar el servicio de vigilancia de las reservas marinas, con un presupuesto que supera el millón de euros, que beneficia a Mallorca y a Eivissa, pero del que también se queda fuera Menorca por el mismo motivo. A estas dos discriminaciones evidentes hay que añadir las dificultades para dotar de forma suficiente la transferencia de promoción turística.

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Ante estos casos hay que preguntarse si el propio Govern no incumple el Estatut, que considera el Consell como un organismo autonómico, de la propia estructura de la Comunidad Autónoma. No tiene sentido que a más competencias menos dinero. El Consell tiene la intención de crear un servicio de bus lanzadera para acceder a Macarella. No lo hace porque el proyecto, todavía en ciernes, debe enfrentarse a la burocracia, pero cuando lo acometa debería poder contar con el dinero que ahora se gasta el Govern en Mallorca.

Al principio de la autonomía se discutía si era necesario crear un Consell de Mallorca, cuando el Govern tiene la sede en Palma. Como es políticamente incorrecto cuestionar cualquier descentralización -vean el caso del Consell de Formentera- las dudas se esfumaron. Pero una cosa es la letra de la ley y otra el espíritu. Palma debe mirar especialmente a las islas menores y cuidar los consells como algo propio, distribuyendo mejor los recursos económicos.