La presidenta Marga Prohens, dio a conocer ayer las primeras medidas del decreto de emergencia habitacional, diseñadas por la Conselleria d’Habitatge. Los pisos que se obtengan no estarán en el mercado libre porque habrán de ser de VPO o con precio tasado. El decreto marca unos precios que deberán ser aplicados. El objetivo de estas iniciativas consiste en conseguir nueva vivienda de forma rápida a precio tasado.
Las asociaciones profesionales del sector inmobiliario y la construcción manifestaron su apoyo a todas estas actuaciones. Las patronales ya advirtieron en el anterior mandato que limitar el crecimiento y aplicar restricciones eleva el precio de la vivienda. Su progresivo encarecimiento en Balears -un 90 por cien en el alquiler y un 80 por cien en la compra- dificulta el acceso de una gran parte de la población. En las Islas se necesitan 16,4 años de sueldo íntegro para adquirir una vivienda, lo que se ha convertido en un problema social y un drama para muchas familias que demanda soluciones.
El exdirector general de Vivienda del Govern del Pacte, Eduardo Robsy, ya advirtió que Balears necesita construir 7.000 viviendas al año, por el incremento de la población. El Govern Prohens quiere dar respuesta a este problema con el decreto de emergencia habitacional. Los resultados determinarán su acierto y eficacia.
