El Congreso de los Diputados vive una semana decisiva al tramitar varias enmiendas al Código Penal que abren relevantes cambios legislativos. Un conjunto de reformas, registradas el viernes que serán aprobadas en el pleno del jueves, sin contar con los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
Las modificaciones implican la supresión del delito de sedición, que dará paso a otro de desórdenes públicos agravados, con menor condena; la reforma del delito de malversación de fondos públicos, reclamada por ERC; y la reforma del sistema de elección de los candidatos para el Tribunal Constitucional. Pedro Sánchez declaró ayer en Barcelona que «sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino». Al mismo tiempo, según una encuesta de Sociométrica, que dirige Gonzalo Adán, sólo el 5 por cien de los españoles y el 9,5 por cien de los votantes del PSOE apoyan rebajar la condena por malversación. Estos cambios, con incidencia sobre la arquitectura jurídico-política del sistema democrático español, deben ser tramitados con acuerdo y con garantía de solvencia técnica. Pero la precipitación con que actúa el Gobierno, espoleado por el calendario electoral, provoca dudas y críticas. Se impone el sosiego y la prudencia.
