La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer –tras reunirse con responsables de Energía de las autonomías– que no modificará el decreto de ahorro energético. Esta norma, cuya retirada han solicitado cinco comunidades gobernadas por el PP, ha generado una gran controversia ciudadana sobre su aplicación. Lo que parece inevitable es que el acuerdo global constituye una meta inalcanzable.
El decreto se alinea con las exigencias de la Unión Europea por los recortes en el suministro del gas ruso derivado de conflicto bélico en Ucrania, punto de partida que no oculta la necesidad de racionalizar el consumo de energía por sus efectos sobre el cambio climático. Deben evitarse los excesos en la refrigeración, adoptar medidas de cierre de puertas en los comercios, eliminar la iluminación innecesaria de edificios y limitar la temperatura de las calefacciones.
Son cuestiones de sentido común pero su aplicación indiscriminada provoca situaciones de rechazo social. Limitar el aire acondicionado a 27 grados en toda España es pretender aplicar una regulación de imposible cumplimiento. El Gobierno debe flexibilizar el decreto estableciendo márgenes más amplios para su adaptación en las diferentes regiones españolas. El objetivo es ahorrar y hacerlo con la máxima eficiencia posible; por eso es imprescindible el diálogo.
