El director general del IB-Salut, Juli Fuster, anunció ayer su dimisión tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears que condena al Govern. Fuster intervino en una selección de funcionarios en la que participaba su hija. El proceso se inició por la denuncia de un aspirante cuyo examen no se llegó a valorar. El director general de la sanidad pública balear vulneró el código ético al no abstenerse en este proceso.
Tanto Podemos y Més per Mallorca, socios del PSOE en el Govern Armengol, como el PP y Ciudadanos, desde la oposición, consideraron insostenible la continuidad de Fuster y reclamaron su cese ante la contundencia del fallo emitido por los magistrados del Tribunal Superior. Tratar de buscar justificaciones o explicaciones habría supuesto una disputa de escaso recorrido, aunque de enorme coste político. La firma de Juli Fuster al resolver las alegacione a unas pruebas en las que participaba su propia hija fue un error que no debía haberse producido y su renuncia no se podía demorar. Los políticos deben asumir, y todavía más cuando están al frente de la gestión institucional, que los ciudadanos les reclaman un plus de ejemplaridad; incluso más allá de las exigencias legales. Hay un nivel de exigencia moral y ética que no puede ser obviado, que los jueces han puesto de manifiesto en este caso.
