El Gobierno permanece a la espera de que los agentes sociales acepten la última propuesta que les presentó para prorrogar los expedientes de regulación de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que se agilizará la tramitación de los expedientes, porque los retrasos han motivado numerosas críticas. El Gobierno plantea la prórroga automática de todos los expedientes sin que sean necesarias nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costes de gestión.
En esta ocasión el texto puede salir aprobado únicamente con el apoyo de los sindicatos, pero no de los empresarios. Las patronales insisten en suavizar la cláusula que impide despedir durante seis meses a las empresas que se han beneficiado de un ERTE, bajo pena de tener que devolver todas las ayudas recibidas.
El Gobierno no acepta esta exigencia, que los sindicatos también rechazan tajantemente. Balears, que cerró el 2020 con 30.983 trabajadores en ERTE por la paralización de la actividad económica, necesita la prórroga de estos instrumentos de protección del empleo. Es una medida vital para trabajadores y empresarios hasta que no arranque la reactivación.
