Editorial29/06/20 0:00
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El Gobierno, los empresarios y los sindicatos no logran alcanzar un acuerdo en torno a la regulación del teletrabajo, que durante el confinamiento ha registrado un gran incremento y que se continuará aplicando. La ministra portavoz, María Jesús Montero, afirma que las empresas deberán sufragar «en su totalidad» esta modalidad laboral que no podrá implicar gastos, directos o indirectos, para el empleado «relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad». UGT apoya esta propuesta del Gobierno y añade que los aspectos relativos a «las condiciones de seguridad y de salud necesarias para el trabajo desde casa». Y CCOO reclama una regulación que «garantice los derechos de los trabajadores».

Pero el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, responde que si los criterios que se imponen son «imposibles», muchas empresas podrían contratar fuera de España. «El mundo es global y la digitalización es global, cuidado cómo se plantea esto», advierte Garamendi, que, tras pedir prudencia y mesura, concluye: «si tengo que contratar, se ponen condiciones imposibles y no puedo gestionar a mi plantilla, mañana puedo contratar en Portugal». La nueva ley que regulará el teletrabajo en España debe ser fruto del acuerdo en el marco de diálogo social. No se puede imponer mediante un Real Decreto Ley. El Gobierno debe impulsar el consenso con los empresarios y sindicatos para pactar el pago de los gastos que conlleve o las horas que debe cumplir el empleado.