Desde el 1 de enero los fletes marítimos han registrado un incremento del 20 por ciento, el coste repercutido por las navieras por el cambio de combustible -menos contaminante- ordenado por la Unión Europea. Son los usuarios, las empresas y los consumidores quienes asumirán este aumento de precios. Una cuestión con una gran trascendencia en una comunidad insular como Balears, donde el tráfico de mercancías se realiza vía marítima.
La principal consecuencia consiste en que Balears vuelve a perder competitividad frente a otras regiones del continente, y, además, nuestros productos tendrán que incrementar sus precios de venta. La exportación también acusará el mayor coste de los fletes. En definitiva, se acentúan los sobrecostes de la insularidad que, en teoría, deben ser compensados, según determinan la Constitución y el Tratado de la Unión Europea.
Los ciudadanos y las empresas de Balears ven agravada su situación de indefensión por las promesas y los reiterados incumplimientos de un Régimen Especial que no se llega a aplicar. La sociedad civil de las Islas debe movilizarse para exigir al Gobierno central y al Govern unas medidas que no llegan.
