El Consejo General de la Abogacía Española ha decidido emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia e incluso reclama la dimisión de la ministra en funciones, Dolores Delgado, por cambiar el criterio aplicado hasta ahora y negarse a pagar a los letrados del turno de oficio en los casos que no sean reconocidos posteriormente como justicia gratuita. Este conflicto, que afecta directamente a Balears al ser una de las comunidades que no tiene transferidas las competencias de Justicia, implica que el Ministerio deja de pagar más 200.000 euros al mes por el turno de oficio.
El conflicto acaba de empezar, dado que la medida fue anunciada el jueves, y la Consejo General de la Abogacía señala que los letrados acuden a prestar un servicio a través de un requerimiento judicial de obligado cumplimiento, y aunque se considere que no tenía derecho a la justicia gratuita, la representación legal ya se ha realizado. Subrayan los abogados que «muchas de estas personas son extranjeras, migrantes o tienen sus bienes embargados», y que en numerosos casos no tienen forma de cobrar. En este escenario de guerra abierta entre los letrados y el Ministerio, el decano del Colegio de Abogados de Balears, Martín Aleñar, y la responsable del turno de oficio en las Islas, Carmen López, advierten que no trabajarán gratis y que corresponde al Estado activar los mecanismos para exigir la devolución del importe a quienes se les haya denegado el beneficio de la justicia gratuita. El derecho a la asistencia letrada exige un rápido acuerdo para cerrar este grave conflicto.
