La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, declaró ayer que «nadie se ha tomado en serio» el registro horario de la jornada laboral, que entró en vigor el domingo. Ante la contradictoria respuesta que ha obtenido esta medida del Gobierno de Pedro Sánchez, anunció que «la Inspección de Trabajo va a actuar». Al iniciar su aplicación ha creado una gran incertidumbre sobre su efectividad, especialmente entre pymes y autónomos.
PIME rechaza la norma, que califica de «poco clara», y advierte que «no favorecerá el crecimiento de la productividad de las pymes de Balears, por lo que se convertirá en un problema». UGT y CCOO también alertan que «habrá bastantes problemas con la implantación asimétrica del registro horario».
Cuando se buscan conciliar la actividad laboral con la vida familiar sorprende la exigencia del registro de jornada, dirigido más a funcionarios con horarios cerrados que a quienes optan por la flexibilidad o trabajan desde su domicilio. Si el objetivo consiste en erradicar las horas extras fraudulentas, hay distintos mecanismos. Balears, con una economía basada en el turismo y una gran estacionalidad, debe hallar el equilibrio, y preservar derechos y deberes.
