El nuevo PTI debe aportar seguridad jurídica y generar consenso

El PTI, por su impacto e incidencia sobre el conjunto de la economía y la sociedad de la Isla así como de los planeamientos municipales, como instrumento superior de ordenación, suscita una gran expectación. Un documento de estas características debe aportar seguridad jurídica al regular cuestiones de tanta trascendencia como el alquiler turístico y su zonificación, los usos en suelo rústico, el acceso a la vivienda y el cambio del modelo energético. Al mismo tiempo, cabe reclamar el máximo consenso -tanto social como político- para garantizar su vigencia y aplicación, lo que evitará la tentación de entrar en revisiones permanentes, fruto de los cambios que marcan las convocatorias electorales cada cuatro años. El PTI ha de tener vocación de permanencia.