La regulación del alquiler turístico, que ha dividido al Govern del Pacte, con la aprobación de una ley de imposible aplicación porque no autoriza ni prohibe esta actividad económica en Balears, permanece a la espera de un acuerdo político. La inclusión del concepto 'emergencia vacacional, exigida desde el primer día por Podemos al PSIB-PSOE y a Més para prohibir totalmente el alquiler vacacional en las viviendas plurifamiliares, ha sido aceptada, a pesar de las grandes dudas jurídicas que suscita.
Se ha alcanzado un principio de acuerdo que aún no está totalmente cerrado porque para mañana se celebra otra reunión para salvar los últimos escollos. Entre ellos, el reglamento que desarrollará el concepto 'emergencia vacacional' y las medidas para su regulación, prevista únicamente para Palma y Eivissa, donde podrá prohibirse el alquiler turístico en los pisos. Al mismo tiempo, el Govern traspasa la decisión final a los Consells insulars y al ayuntamiento de Palma. Corresponderá a estas administraciones la decisión de prohibir o autorizar el alquiler vacacional en plurifamiliares.
Este año tampoco volverá a estar en vigor la regulación de esta actividad. Esperemos que sea posible durante el 2018.
