La decisión judicial que permite a Iñaki Urdangarín seguir en libertad sin abonar una fianza ni entregar el pasaporte tras haber sido condenado a seis años y tres meses de cárcel ha provocado estupor y malestar.
Según la instrucción del juez Castro y las investigaciones de la Fiscalía, Nóos era poco menos que una organización criminal dedicada al saqueo de los fondos públicos. El fiscal pidió penas de prisión cercanas a los veinte años para los máximos responsables, pero la Audiencia descafeinó los hechos, de forma que Torres y Urdangarín han sido condenados a ocho y seis años de cárcel, respectivamente. Ya sorprendió la benevolencia de la sentencia, con muchas absoluciones y condenas de menor entidad.
Ahora el mismo tribunal vuelve a sorprender al rechazar la solicitud de fianzas para evitar la prisión, cuando se esperaban medidas cautelares mucho más severas, lo que crea alarma social, con la clásica alusión de que la Justicia no es igual para todos. Extraña también la timidez del Govern a la hora de reclamar los dos millones de euros que dio Matas a Urdangarín. El Ejecutivo balear tenía que haber dado este paso desde el principio.
