Hoy finaliza el plazo para la presentación de alegaciones al anteproyecto de ley -en realidad una modificación de la Ley General Turística- para regular el alquiler vacacional, o sea, la comercializacion de estancias turísticas en las viviendas. La Conselleria de Turismo del Govern balear ha recibido más de 300 alegaciones, lo que evidencia el vivo que debate en torno a esta cuestión, los intereses en juego y la dificultad para armonizar los diferentes criterios.
La explotación de las viviendas turísticas vacacionales constituye el principal compromiso contraído por el Govern del Pacte en materia de ordenación turística. El borrador que ha distribuido el Govern atribuye a los consells insulars y los ayuntamientos las decisiones finales. Ello implica que el Consell de Menorca y los ayuntamientos de la Isla deben ponerse de acuerdo para conseguir la menorquinización de esta actividad, con unos planteamientos acordes con la realidad menorquina, distinta a la de Mallorca y las Pitiuses.
La complejidad del alquiler vacacional -en la que entran en colisión los criterios de Ashome y Pime- impedirá que para la temporada turística de este año esté resuelto y aprobado.
