El Govern ha previsto recaudar el próximo año 7,2 millones de euros en multas a la oferta turística ilegal, según el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2017. Esta cantidad supone un incremento del 900 por ciento en relación a los 736.260 presupuestados para este año. El Ejecutivo transmite la voluntad de perseguir las plazas no legalizadas, tanto en los establecimientos hoteleros como en la vivienda turística vacacional.
Multiplicar los ingresos por estas sanciones no puede quedar como un simple ejercicio de equilibrio contable. Exigirá una amplia dotación de recursos técnicos e inspectores.
La buena imagen de Balears como destino turístico no puede quedar en entredicho por empresarios y particulares sin escrúpulos, dispuestos a comercializar habitaciones o viviendas sin garantizar su habitabilidad. Ello no obstante, el Govern mantiene la incertidumbre en el ámbito de la vivienda turística, cuya ordenación sigue pendiente. Mientras no esté regulada, todo este segmento sigue inmerso en un limbo legal, al colisionar con la Ley de Arrendamientos urbanos. Esta debe ser la primera urgencia a afrontar y resolver.
