La Ley de Transparencia tiene como principal objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos para acceder a la información sobre actividades públicas. Es una norma de obligado cumplimiento para todas las administraciones, obligadas a facilitar el acceso a la información pública, relativa a todos los contenidos o documentos que hayan sido elaborados o adquiridos por comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulars.
El documento de medidas para los cien primeros días de gobierno en el Consell insular, suscrito por PSOE, Més y Podemos incluye el compromiso de «crear un portal de transparencia, claro y accesible, para informar puntualmente a la ciudadanía sobre la situación en que se han encontrado las diferentes áreas del Consell». Ocho meses después, la primera institución política menorquina sigue sin informar sobre los acuerdos que cada semana aprueban los órganos de gobierno. Tampoco divulga las subvenciones que concede ni los contratos menores. Más allá de anuncios y compromisos, es preciso practicar y aplicar la transparencia para que los menorquines conozcan qué se decide y cómo se gestionan los recursos públicos.