El gobierno tripartito del Consell de Menorca ha manifestado su voluntad de reducir y revisar todo el proyecto de mejora de la carretera general, lo que planteó al Ministerio de Fomento el pasado 15 de septiembre. Al mismo tiempo solicitó una reprogramación motivada por el retraso en la ejecución de esta obra pública que afecta a la principal arteria de la red viaria menorquina.
La comisión mixta formada por el Ministerio y el Consell insular ha acordado ampliar en un año el plazo global para llevar a cabo esta actuación, con un nuevo calendario que concluye en diciembre de 2018. Entre las cuestiones de mayor calado a resolver sobresale la rescisión del contrato con la UTE adjudicataria de las obras del tramo Mahón-Alaior. Las empresas Dragados y Antonio Gomila reclamaron, tres semanas después de haber dado comienzo el trabajo, un incremento del 38 por ciento sobre la adjudicación.
El Consell debe cerrar el acuerdo de rescisión con plenas garantías jurídicas para evitar posteriores reclamaciones e indemnizaciones. Y no puede demorar la anunciada reprogramación porque la carretera general exige, desde hace años, una intervención que posibilite su modernización, incremente la seguridad, elimine 'puntos negros' y giros a la izquierda, y agilice la circulación en varios tramos.
