El anterior Govern, en abril de 2015, autorizó al colegio La Salle de Maó a iniciar el ciclo de bachillerato. El 27 de julio, ya con la nueva administración, denegó la autorización, que tenía carácter provisional. No hay que presuponer que la decisión del nuevo Govern se deba a motivos ideológicos y seguramente se basa en la economía de los recursos públicos, sin embargo debería haber valorado otros aspectos.
Los padres tienen derecho a poder elegir la formación que consideran más adecuada para sus hijos. Incluir los estudios de bachillerato representa un esfuerzo para el centro y en lugar de encontrar una actitud de apoyo por parte de la administración, se topa con un resolución denegatoria publicada en el BOIB, dejando a 14 jóvenes matriculados sin la plaza que deseaban ocupar. El diálogo con el sector educativo, que fue escaso y problemático con la administración del PP, tampoco se ha producido en esta ocasión. Que se trate de un centro concertado no es un motivo para aplicar la denegación por decreto. Por este motivo, la nueva Conselleria debería revisar si cortar las alas a las propuestas de mejora de la oferta educativa es la forma de apostar por la educación.
