El GOB de Menorca ha renunciado a proseguir con un contencioso judicial contra la reforma de la carretera general, debido al elevado importe de las tasas, que se calcula en función del valor económico del objeto del contencioso. Es lamentable que la organización ecologista no pueda defender su oposición a la reforma en los juzgados por una cuestión económica, puesto que lo hace ejerciendo la responsabilidad que tiene con la sociedad menorquina.
Acudir a la Justicia era una consecuencia del fracaso de las negociaciones para llegar a un acuerdo, un pacto que se habría podido alcanzar con una posición más flexible por las dos partes. Se ha perdido, en este sentido, una gran oportunidad.
La posición de los partidos que concurren a las elecciones no es propicia al consenso, sino a que los resultados se interpreten como un respaldo a la reforma actual o a la voluntad de reconsiderar el modelo de la carretera, del que ya se han desarrollado varias fases.
La mejora de la principal vía de comunicación de la Isla, aprovechando la inversión de 30 millones, es un objetivo irrenunciable, al margen de la forma de llevarla a cabo.
