El Govern balear y el Consell de Menorca han realizado, durante este mandato, un esfuerzo de saneamiento de sus cuentas para acabar con uno de los males endémicos de la Administración: el cada vez mayor retraso en los pagos, perjudicial tanto para las empresas privadas suministradoras de bienes y servicios como otras instituciones. En el caso del Ejecutivo autonómico, se ha ido poniendo al día con los Consells, mientras que la institución insular menorquina ha liquidado sus deudas con los ayuntamientos.
Según los datos del conseller de Hisenda, José Vicente Marí, algunos organismos habían llegado a acumular, durante el anterior Govern, retrasos de más 700 días, como el IBSalut. Esto generaba desconfianza y causaba un serio quebranto a las pymes, que optaban por no contratar mientras no se les hubieran pagado las deudas.
La Comunidad Autónoma ha reducido de 80 a 36 días el periodo medio de abono a los proveedores, y el Consell insular ha ajustado su ritmo de pago a 30 días frente a las demoras de más de 300 días que se registraban antes por el desequilibrio entre gastos e ingresos. Los planes del Gobierno central para financiar el pago a los proveedores, la contención del gasto y la austeridad en la gestión han abierto un nuevo escenario positivo para el sector privado y la propia Administración.
