El Gobierno central ha propuesto la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades. No es que la deuda desaparezca, sino que cambia de deudor. Los 83.252 millones de euros pasan de estar en el debe de las comunidades autónomas, a estar en el debe del Estado.
Para las comunidades autónomas, que le condonen parte de su deuda es, ciertamente, un alivio para ellas, pero no lo es para los ciudadanos que son, en última instancia, los titulares de esa deuda.
Sin entrar en otras consideraciones y centrándonos solo en los números, para el caso de Balears, la propuesta del Gobierno supone una quita de 1.741 millones de euros a la comunidad que, sobre una población de 1.122.461 habitantes, supone que a cada ciudadano balear se le condonan 1.551,05 euros. Sin embargo, el estado en su conjunto aumenta su deuda (la que condona a las comunidades autónomas) en 83.252 millones de euros, lo que sobre una población de 44.002.139 habitantes, implica que cada español incrementa su deuda en 1.891,99 euros.
En consecuencia, con esta operación de condonación de la deuda, por un lado se nos quitan 1.551,05 euros y por otro se nos suman 1.891,99 euros. El resultado es que a cada ciudadano de Balears nos aumentarán la deuda en 340,94 euros. Nos embelesan con el espejuelo de que nos quitan deuda, cuando en realidad, nos la están aumentando. Maquiavelismo político en estado puro.
En cambio, si analizamos el caso de Cataluña y hacemos la misma operación, la condonación de 17.104 millones a Cataluña supone una quita de 2.284,49 euros por cada catalán, frente a los 1.891,99 euros que se les incrementaría por el aumento de la deuda del Estado, ello supone que cada catalán, con esta operación reduciría su deuda en 392,50 euros. En este caso, los catalanes sí saldrían beneficiados de esta operación. Y lo mismo pasaría con Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y Valencia, mientras que el resto de comunidades, entre ellas Balears, saldrían perjudicadas.
En realidad y en el fondo, no estamos delante de una condonación de la deuda propiamente dicha, sino de una distribución distinta de la misma deuda, de forma que los ciudadanos de unas comunidades autónomas, acaban pagando las deudas que han generado otras.
Pero además, si finalmente prosperase la promesa de Pedro Sánchez de sacar a Cataluña del régimen común y concederle un concierto económico singular, los 17.104 millones de deuda catalana que ahora asumiría el Estado la tendríamos que pagar el resto de españoles, mientras que los catalanes quedarían exentos de su pago, al dejar de pertenecer al régimen común.
Lo peor, no obstante, es que, aunque ahora las comunidades del PP se hayan mostrado contrarias a esta condonación, finalmente no tendrán más remedio que aceptarla, porque el resultado de no aceptarla será aun peor que el de aceptarla.
En efecto, supongamos que las comunidades del PP no aceptasen la condonación, y el resto de comunidades sí. En este caso, los ciudadanos de Balears veríamos incrementada la deuda en 609,02 euros cada uno, frente a los 340,94 euros para el caso que sí se aceptara la condonación.
Es, sin duda, una jugada maestra de Pedro Sánchez, porque aboca a las comunidades del PP a tener que aceptar su propuesta de condonación, aunque les sea perjudicial, pues saben que el no hacerlo, les será todavía peor, con lo cual Sánchez no tendrá oposición ninguna a su propuesta, y además con ello, satisfará las demandas del independentismo catalán, con lo cual se garantizará su permanencia en la Moncloa hasta final de legislatura que, dicho sea de paso, es lo único que le interesa.
A Pedro Sánchez le da igual que esta propuesta sea injusta, o que beneficie al despilfarrador frente a aquel que ha hecho las cosas bien, o que eso suponga un mal mensaje a los mercados financieros, o que sea un motivo más de división de España, lo único que le preocupa es estar sentado en el sillón de la presidencia del Gobierno el máximo tiempo posible. A costa de todo y de todos.
