La histórica crisis del agua en Mahón ha sacado a la luz una preocupante realidad: la ineptitud y negligencia del equipo de gobierno a la hora de abordar un problema que afecta directamente a la salud y bienestar de los ciudadanos. Durante años, se ha sabido que el agua que llega a nuestras casas no cumple con los estándares de calidad mínimos exigidos por ley. Sin embargo, lejos de actuar con diligencia y responsabilidad, quienes ostentan el poder han optado por esconder el problema, minimizarlo y, lo que es peor, postergar las soluciones necesarias.
La situación es muy grave cuando analizamos los hechos: informes técnicos que alertaban de la presencia de nitratos en niveles peligrosos, fallos en el sistema de cloración en la planta de desnitrificación de Malbúger y la incapacidad para garantizar que el agua sea apta para el consumo humano. A pesar de estas alarmas, las medidas adoptadas fueron mirar hacia otro lado. Incluso se reabrieron fuentes en las escuelas sin antes asegurar que el agua era potable, una decisión que refleja una absoluta falta de sentido común y de responsabilidad hacia nuestros niños.
La adjudicación del proyecto de construcción de la planta de tratamiento de agua también genera serias dudas sobre la transparencia del proceso. Que la empresa seleccionada obtuviera una puntuación tan baja en la licitación en comparación con otras candidatas y que aun así se le adjudicara el contrato, justo antes de las elecciones, no hace más que incrementar la desconfianza. Todo apunta a que el equipo de gobierno, liderado por Ara Maó y el PSOE, priorizó intereses electorales por encima del bienestar y la salud de la ciudadanía. Con estos experimentos los mínimos.
Pero este problema trasciende la gestión política. Como sociedad, bajo mi humilde opinión, también deberíamos ser capaces de poder hacer una reflexión y un análisis de la situación que sufrimos, aun a día de hoy. Hemos sido testigos de esta crisis sin exigir con la fuerza necesaria soluciones reales y efectivas. Hemos aceptado las excusas y el inmovilismo como si fueran inevitables. Esta pasividad colectiva nos lleva a una amarga reflexión: ¿tenemos realmente derecho a quejarnos si no participamos de forma activa para cambiar la situación?
Cuando permitimos como sociedad que la negligencia y la ineficacia sean la norma, cuando no exigimos rendición de cuentas ni penalizamos con nuestro voto a quienes fallan en su deber, estamos, de alguna manera, legitimando sus actos. Si no tomamos medidas reales más allá del simple comentario a la hora del café o la sobremesa, entonces, como sociedad, tal vez tengamos lo que merecemos. Y con ello, el derecho al pataleo queda como una simple anécdota.
Romper esta inercia adquirida de conformismo, y la manida frase «esto es lo que hay», ha de pasar a la historia. La crisis del agua en Mahón tendría que ser un punto de inflexión, no solo para exigir soluciones inmediatas y responsables, sino también para replantearnos nuestro papel como ciudadanos. La democracia no es solo votar cada cuatro años; también es participar activamente, fiscalizar y exigir a nuestros representantes que cumplan con su deber. Solo así podemos evitar que crisis como esta se repitan, y si no al menos habremos cumplido con nuestro deber como ciudadanos.
