La Constitución española es esa «norma suprema del ordenamiento jurídico a la que están sujetos los poderes públicos y ciudadanos de España desde el 29 de diciembre de 1978».
El artículo 47 de nuestra Constitución, dice literalmente: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Los ciudadanos, cumplimos nuestra parte pagando los impuestos. Pero podemos asegurar que, de forma continuada, los que deberían preocuparse de su cumplimiento, han hecho dejación de sus responsabilidades por omisión de este artículo. Llegando a un punto de auténtica alarma social, de crisis generacional, particularmente agravada en zonas turísticas.
Consecuentemente nuestra Constitución, literalmente es papel mojado, en este aspecto. Los gobiernos, todos, los de antes y los de ahora, incluyendo la oposición, ni la cumplen ni la respetan (aunque fingen preocupación por su incumplimiento) y la usan como arma arrojadiza, pero abandonan a los ciudadanos en manos de ciertas elites económicas.
Políticos, que deberían abochornarse de que muchos españoles, los vean como un problema (CIS nov/23) y no como una solución. Da la impresión de que están por encima de nuestras necesidades, aunque en campaña aseguran conocerlas y prometen solucionarlas en cuanto hayan ganado las elecciones. Y así, pasan los años y hemos llegado a una situación insostenible, indigna de una sociedad avanzada.
