Siete de los no presentados a las mesas se ausentaron en los comicios autonómicos del 28-M | Gemma Andreu

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Trece residentes menorquines pueden acabar imputados por un delito electoral que se castiga con penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses. Son las personas sobre las que la Junta Electoral de Zona ha deducido testimonio ante la Fiscalía de Menorca para que esta resuelva si pide la apertura de juicio oral contra ellas al haber incumplido la obligatoriedad de presentarse a las mesas de las que debían formar parte en las dos últimas citas electorales, los pasados meses de mayo y julio.

La Junta de Zona, una vez realizado el cribaje oportuno entre cuantas personas no se presentaron a la hora y en el lugar establecido en esas dos jornadas, ha concluido que trece de ellas no han podido justificar las causas por las que se ausentaron. Por tanto, si la Fiscalía, como parece lo más probable, no obtiene nuevos argumentos cuando amplíe la investigación, tendrán que ser juzgadas por un posible delito electoral.

En un primer momento la Junta de Zona elaboró una relación de 20 personas que no habían justificado su ausencia de las mesas en las elecciones autonómicas, municipales e insulares del 28 de mayo. Tampoco habían solicitado la dispensa en el periodo fijado para ello, con el fin de que se anulara su citación por causas de fuerza mayor.

Pese a ello, la junta investigó si todos habían recibido la citación correctamente y, si lo habían hecho, cuántos no habían podido acudir por alguna circunstancia ocurrida el mismo día de las elecciones. Finalmente la lista se redujo a siete, entre ellas, dos de Ciutadella, dos de Es Castell, y una en Es Mercadal, Ferreries, Sant Lluís y Maó.

En cuanto a las elecciones generales celebradas el 23 de julio, seis fueron las personas que no han demostrado las causas de su ausencia en las mesas para las que habían sido nombradas en calidad de presidentes, vocales o suplentes. Entre ellas, una es de Ferreries y las otras cinco, de Es Castell. Es el municipio villacarlino el que copa más de la mitad de las ausencias no justificadas en estas dos últimas convocatorias electorales, con siete de ellas.

La mayoría de antecedentes por este tipo de delitos que se juzgan ante el Juzgado Penal han acabado en multas que rondan en torno a los 3.000 euros.