En estos momentos los inmuebles están habitados por 48 inquilinos con alquileres de renta baja | Gemma Andreu

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El Ayuntamiento de Maó ha reclamado formalmente a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y al Gobierno central –está previsto que se haga cargo de sus propiedades inmobiliarias– que den estabilidad de los actuales inquilinos de los bloques de pisos de las calles Pintor Calbó y Maria Lluïsa Serra «renovando sus contratos de alquiler en las condiciones actuales y por el mayor plazo posible» para «garantizar su permanencia en las viviendas».

Así figura en el acuerdo aprobado en el último pleno municipal con los votos de los concejales de PSOE y Ara Maó, sesión en la que el alcalde, Héctor Pons, desveló una comunicación reciente por correo electrónico con la Sareb en la que la entidad asegura que ha retirado «definitivamente de la comercialización» los 48 pisos habitados y expone la previsión de que a lo largo de este año pasen a manos de la sociedad estatal de vivienda. En ese mismo correo el llamado banco malo se compromete a hacer gestiones para poder alargar durante un año los contratos que expiran próximamente, a la espera de que se formalice ese traspaso de activos inmobiliarios.

Después de que –tras la denuncia de este diario– haya logrado detener la comercialización al mejor postor de los pisos ubicados en la zona de Avinguda Menorca, el Consistorio no se quiere quedar ahí. Pretende ahora que los actuales inquilinos, que gozan de contratos de alquiler en algunos casos muy alejados de los valores que presenta actualmente el mercado, tengan preferencia una vez que los pisos pasen al parque público de viviendas sociales. El tema es delicado y abre una pregunta por el momento sin respuesta: ¿Qué criterios se aplicarán para dar acceso a esta nueva oferta de viviendas sociales? Hay que tener en cuenta que en estos momentos hay más de 600 personas en el municipio que llevan años en las listas de solicitantes del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) a la espera de poder acceder a una vivienda a precio asequible.

Por el momento se desconoce cómo pretende la nueva sociedad estatal de vivienda del Gobierno gestionar la nueva cartera de pisos sociales, si directamente, a través de las Comunidades Autónomas o de los ayuntamientos. Pero el Grupo Popular lanzó un aviso para navegantes después de consultar qué pasaría si eventualmente termina siendo el ente de vivienda del Govern el que se hiciera cargo de los pisos. Según explicó el concejal popular Francisco Plaza, el ente del Govern les asegura que haría prevalecer los criterios generales establecidos, sin hacer excepciones y respetando el listado de la bolsa de solicitantes. Llegó a afirmar que en manos del Ibavi, al término de sus contratos «se irían a la calle». A este respecto el alcalde subraya que el Ibavi tiene mecanismos para saltarse la prevalencia de las listas de espera y pone como ejemplo los cuatro pisos de emergencia propiedad del ente público de los que ha cedido su gestión al Ayuntamiento para que los maneje con sus propios criterios.

El apunte

La izquierda le recuerda al PP que se opuso a que el Ibavi los comprara

PSOE y Ara Maó cargan contra el PP, al que acusan de graves incoherencias en el tema de las viviendas de la Sareb. En ese sentido le echan en cara que presente propuestas de acuerdo pidiendo que los pisos pasen a ser públicos cuando en 2023 votó en contra de una moción que reclamaba al Ibavi hacer uso de su derecho a hacerse con las viviendas en subasta. También le afean que se opusiera al decreto ómnibus que incluía el traspaso de los inmuebles al Estado.