Las detenciones se realizaron en 2016 y desde entonces los acusados están a espera de juicio.

Las detenciones se realizaron en 2016 y desde entonces los acusados están a espera de juicio. | Josep Bagur Gomila

David MarquèsCiutadella16/12/24 4:00
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El fiscal que lleva el caso Nerer dio respuesta hace dos semanas a los recursos de reforma presentados por los abogados defensores de los encausados en la trama, pero todavía no se ha dado traslado de estos documentos a las partes. Por este motivo no les constaba que el Ministerio Público hubiera atendido al fin los requerimientos de la juez, aunque lo hizo ya fuera del plazo inicialmente establecido, que venció a mediados de septiembre.

Fuentes del caso confían que en las próximas semanas la Audiencia resuelva los cuatro recursos presentados por los letrados defensores del exconcejal Avel·lí Casasnovas y los empresarios locales investigados. Será a partir de entonces cuando se decida la apertura de juicio oral.

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El caso Nerer, de nuevo pendiente del fiscal tras nueve años de instrucción

En enero se cumplirán nueve años de la llamada Operación Pomada, con la detención de Casasnovas y los empresarios y el inicio de la instrucción del caso. Los sucesivos cambios en los jueces asignados a la causa y los atisbos de desinterés por parte de la Fiscalía que surgieron recientemente por la demora a la hora de responder a los recursos hacían temer en que la tramitación volvía a caer en un socavón sin salida aparente.

Origen

El origen del caso Nerer son dos operaciones de permuta hechas por el Ayuntamiento de Ciutadella durante el mandato de Llorenç Brondo y el concejal de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas (PP), ejecutadas en 2006, por las que se investiga un posible perjuicio de las arcas públicas de hasta 2,3 millones de euros. La instrucción del caso por parte del juzgado número 2 de Ciutadella se empezó en enero de 2016, cuando se detuvo a Casasnovas y a su presunto testaferro, así como a algunos de los empresarios implicados en las permutas, en el marco de la operación Pomada, impulsada por el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.