El fiscal Horrach impulsó desde Anticorrupción la investigación en Ciutadella, pero tras su marcha no ha habido relevo. | GRUP SERRA

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El caso Nerer languidece, tras nueve años de instrucción, entre el interminable vaivén de jueces de nuevo cuño y el aparente desinterés de la Fiscalía, que ha pasado de liderar la acusación de las presuntas irregularidades penales del gobierno Brondo y su entorno, a ser la rémora que eterniza aún más la lenta tramitación de los asuntos judiciales.

Tras el verano hemos vivido el último episodio. La Audiencia Provincial ya se aprestaba por fin a dilucidar los recursos de los abogados defensores para decretar la apertura de juicio oral cuando, nuevamente, el Ministerio Público ha faltado a la cita. Disponía de plazo hasta el 19 de septiembre para contestar los recursos y, tres meses después, aún no consta que lo haya hecho.

El fiscal debe dar respuesta al doble recurso de reforma y apelación interpuesto por el exconcejal Avel·lí Casasnovas y a los presentados por separado por los cuatro socios administradores de Gel-Fux, la empresa local presuntamente beneficiada por las operaciones de permuta urbanística que puso en marcha el Ayuntamiento. El presunto testaferro de Casasnovas, acusado de blanqueo de capitales, fue el único que no recurrió.

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Nueve años

En enero se cumplirán nueve años de la llamada ‘Operación Pomada’, que lideró el entonces fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y que consumó la detención de Avel·lí Casasnovas y del resto de técnicos y empresarios implicados en la trama. Desde entonces, la causa anda sumida en el más completo abandono por parte del Ministerio Fiscal, que no ha dado continuidad a la labor fiscalizadora de Horrach.

El abogado del Ayuntamiento, Francesc Marquès, reclama hasta 48 años de prisión para Avel·lí Casasnovas y los cinco empresarios más directamente implicados en la permuta de Can Saura Morell, contra los que pide que se abra juicio oral. Marquès solicita 16 años de cárcel para Casasnovas por cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. También reclama el comiso de sus ganancias y el pago de una multa equivalente al doble del beneficio obtenido. Además, imputa sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias a los empresarios, a los que solicita siete años de prisión, y cuatro al testaferro.

La Fiscalía rebaja la petición del Ayuntamiento y reclama, en conjunto, 38 años de prisión, 1,1 millones de multa y 481.598 euros de indemnización. En concreto, solicita 18 años de cárcel para Casasnovas y cuatro para cada uno de los empresarios. Pero el abogado defensor, Miquel Mercadal, cuestiona los presuntos ilícitos que se les imputan y alega que han prescrito.

El apunte

El «nuevo impulso procesal» pedido por la acusación y la defensa no halla respuesta

Las peticiones de ambas partes para dar un «nuevo impulso procesal» al caso han caído, por ahora, en saco roto. Hace más de un año, el abogado que ejerce la acusación particular en representación del Ayuntamiento, Francesc Marquès, solicitó al Juzgado número 2 que reactivara la causa, que entonces acumulaba ya dos años y medio de parálisis. También lo hizo uno de los abogados defensores, Miquel Mercadal. Pero lo cierto es que desde el auto dictado el 8 de julio por la anterior jueza Belén Velázquez apenas se han dado pasos relevantes en la instrucción del caso. Tan solo se han elevado a la Audiencia Provincial los recursos de apelación de los seis letrados de la defensa, pero la inacción del Ministerio Fiscal impide seguir adelante. Mientras, el caso llevaya casi nueve años sin salir del juzgado.