Bartomeu Mesquida lamenta que la parálisis del 'caso Nerer' cree «sensación de impunidad»

La respuesta tardía de los jueces provoca parálisis de instrucción como la que ha venido sufriendo el caso Nerer durante los últimos dos años y medio, «lo que transmite cierta sensación de impunidad. Es como si, al prorrogar su resolución, se estuviera beneficiando a quien presuntamente ha quebrantado la ley. Y eso es lo más triste, pues no ayuda a que la gente pueda confiar en la justicia».

El origen del problema, en su opinión, radica en el hecho de que el de Ciutadella sea el único partido judicial de Balears no servido por magistrados, de manera que los jueces no permanecen más de tres años en su destino. Es el caso de Maria Belén Velázquez, una de las jueces que mayor impulso ha dado a los casos de corrupción en Ciutadella (Nerer y Citur), pero que se trasladó en 2018 al Juzgado número 2 de Maó para poder ejercer como magistrada, y allí continúa casi seis años después. Por contra, el juzgado que sirvió en Ciutadella acumula 12 cambios de juez en los 13 años de instrucción del caso Citur.

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El Juzgado número 1, vacante

La actual titular del juzgado número 2 de Ciutadella que instruye los casos Nerer y Citur, Maria del Mar Jaume, tomó posesión en diciembre de 2021 y cesará antes de que acabe el año para poder ascender a magistrada. Entonces, el Juzgado quedará temporalmente vacante, como ya lo está el número 1, ya que su responsable, Juan Pablo Molina, ha pasado, ya como magistrado, al Juzgado de Primera Instancia número 19 de Palma.

«Si no se fomenta la vocación de permanencia, siempre habrá una excesiva movilidad de jueces y fiscales», dice Mesquida, quien insistió cada año para anotar en la memoria judicial la anomalía de Ciutadella, «pero nunca obtuve una respuesta positiva. Fue como hacer surcos en el agua».

El Tribunal Superior, recuerda, se escudaba en que si atendía la petición de Ciutadella «crearía un agravio comparativo con otras zonas de España». Por eso, concluye que «quizás, por eficacia administrativa», habría sido preferible concentrar todos los juzgados de Menorca en Maó donde, al haber magistrados, difícilmente los casos de corrupción se habrían demorado tanto.