Dos operarios trabajan en el centro de explotación de la cantera de marés de Son Salord, en Ciutadella. | Josep Bagur Gomila

TW
12

Menorca no se entiende sin las piedras y las construcciones de marés pero, paradójicamente, en la actualidad se ve obligada a importar la roca arenisca desde la vecina Mallorca, debido a la progresiva desaparición y cierre de sus canteras. Con el funcionamiento de las que quedan activas para la extracción de bloques destinados a la construcción –Son Salord en Ciutadella con tres explotaciones en distintos puntos–, la Isla no es capaz de autoabastecerse de un material que se utiliza, principalmente, en las obras de rehabilitación del patrimonio rural –las casas de campo que en los últimos años se han recuperado–, y también en reformas y proyectos públicos, como son las viviendas del Ibavi.

De hecho, los problemas para contar con este material, ya que en Mallorca tampoco se produce suficiente, han ocasionado retrasos en obras como la nueva residencia geriátrica de Es Migjorn Gran y la construcción de los pisos de protección oficial en el Clot de Santa Anna, en Es Castell.

En el Institut Balear de l’Habitatge, durante la anterior legislatura, se apostó por recuperar los materiales tradicionales locales, como el marés y la madera, en los edificios de viviendas sociales; dicha prescripción técnica se incluía en los pliegos de condiciones y, de hecho, los pisos de Es Castell se construyen en terrenos de una antigua cantera de piedra de marés, por lo que el diseño y el uso de este material cobran más relevancia y están ligados a este tipo de actividad y arquitectura tradicional.

No obstante cabe recordar que el uso de materiales como el marés y la madera para los pisos sociales fueron cuestionados en 2023 por la Conselleria balear de Vivienda y su extitular Marta Vidal por su elevado coste.

Noticias relacionadas

La continuidad de la actividad extractiva de marés está en riesgo, según expuso recientemente el diputado del PP, Jordi López Ravanals, en el Parlament, debido a las restricciones que establece la normativa vigente, la Ley 10/2014 de Ordenación Minera de las Illes Balears, que hace «prácticamente imposible la apertura de nuevas canteras», afirma.

La legislación establece restricciones como una distancia mínima de diez kilómetros, afirma el parlamentario, entre la cantera y las zonas habitadas, algo complicado de cumplir en una isla de reducidas dimensiones como Menorca.

La industria de las canteras se ha reducido de forma considerable, en 2005 había veinte activas, según recoge el Plan Director Sectorial de Canteras. En la última fecha de modificación de dicho plan la cifra se había reducido a doce, y en la actualidad son nueve las que mantienen la actividad, aunque la mayoría son de áridos y grava. De marés la única activa es la de Ciutadella, con tres puntos de extracción, el centro de producción en Son Salord y dos explotaciones más pequeñas, una parada temporalmente pero en vigor y otra pendiente de evaluar por Medio Ambiente y el Consell para reabrirla.

En Maó existe otra cantera de marés ya cerrada y pendiente de que la Subdirección General de Minas la clausure; otra es la cantera de S’Algar, que cerró hace dos años; y la de Rafal Amagat se encuentra paralizada. La situación de la actividad extractiva contrasta con la demanda de este tipo de piedra, que ha ido en aumento los últimos años, obligando a traer el material en barco, con el consiguiente coste no solo económico, sino también medioambiental por la huella ecológica que genera el transporte del marés desde canteras mallorquinas.

El Parlament insta a debatir la revisión de la Ley 10/2014 de OrdenaciónMinera

El Parlament instará al Govern a revisar la Ley 10/2014 de Ordenación Minera de las Illes Balears para que se tenga en cuenta la idiosincrasia y necesidades específicas de Menorca. Asimismo la Cámara instará al Ejecutivo a tomar medidas para evitar la necesidad de importar piedra de marés de fuera de la Isla, según lo acordado en la última Comisión de Economía del Parlament por unanimidad de los grupos políticos. La Proposición No de Ley fue defendida por el diputado del PP, Jordi López Ravanals, quien logró el apoyo del PSOE, Més per Menorca y Més per Mallorca para sacar adelante una PNL que pone de manifiesto el contrasentido de tener que desplazar barcos con piedras desde Mallorca al no poder extraer en las canteras menorquinas. Los grupos de la oposición no vieron mal abrir ese debate aunque con una enmienda de Més per Mallorca para introducir el fomento de la circularidad y el aprovechamiento de los materiales de demolición.