Los cinco ayuntamientos del PP y el Consell defenderán en el Juzgado la amnistía de ‘hortals’

La institución insular, presidida por Adolfo Vilafranca, ha tomado la decisión de concurrir en el proceso para defender sus intereses a partir del acuerdo del pleno del 15 de julio por el que aprobaba la aplicación en el ámbito territorial de la Isla, de la disposición adicional séptima del Decreto de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas en Balears.

El Decreto contempla la posibilidad de que cada Consell insular decida por pleno su aplicación, como así sucedió en el de Menorca para construcciones en suelo rústico que podrán ser legalizadas bajo ciertas condiciones. De prosperar el recurso del PSOE podrían verse lesionados sus propios intereses y los de los ayuntamientos al ser ellos los que otorgan las licencias.

Se personan como demandados

Por este motivo, desde el área de Ordenación del Territorio que lidera la consellera Núria Torrent, se remitió hace dos semanas un oficio a todos los consistorios, como parte interesada, para que puedan personarse como demandados en este proceso judicial ante el Juzgado Contencioso número 2 de Palma.

Torrent reitera que la aplicación del Decreto Ley en Menorca «es una oportunidad para mucha gente que vive en el campo y cumple los requisitos porque ya ha prescrito». Añade que «es un deber darles este procedimiento extraordinario que tiene un plazo de tres años, por ello nos vamos a defender».

Los cinco ayuntamientos que gobierna el PP se han adherido al movimiento del Consell. Alaior, Ferreries, EsMigjorn, Es Castell y Sant Lluís se personarán como demandados, mientras que Maó, Ciutadella y Es Mercadal no han contestado al oficio. Las corporaciones compartirán la misma defensa legal externa que ha sido contratada por la primera institución insular. Desde entonces ya se han mantenido dos reuniones con técnicos municipales de cada consistorio con el fin de establecer criterios homogéneos en cuanto a los requisitos energéticos y medioambientales que deban solicitarse a quienes planteen la petición de legalizar sus construcciones en función del Decreto, en vigor desde el principio del pasado verano.