Camps, en la costa santlluïsera, donde reside y donde ha sufrido las molestias continuas de turistas.  | Katerina Pu

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Celebra Manel Camps, un vecino de Cap d’en Font, en Sant Lluís, que su propuesta para regular las fiestas ilegales y las actividades molestas en viviendas comercializadas como alojamientos turísticos saliera adelante con la unanimidad en el Parlament balear. Algo que ha sido posible después de exponer la problemática a representantes de las distintas formaciones con representación parlamentaria, logrando que Més per Menorca presentara la iniciativa que acabará con la aprobación de una norma con rango de ley.

La futura ley nace del caso particular de Manel Camps, quien durante años ha sufrido las molestias de los turistas que se han alojado en viviendas con licencia turística. Un problema que se agravó con el fin de la pandemia y la llegada de visitantes con ansias de fiesta. Turistas «mal educados» y sin consideración por los vecinos que, al ser apercibidos por las molestias, «se ríen» e incluso «suben el volumen cuando has pedido por favor que lo bajaran».

Vacío legal

Para Camps, en el ordenamiento hay un «vacío legal para esta gente, que muchas veces viene para tres o cuatro días de fiesta sin parar, celebran despedidas y lo reconocen abiertamente».

«Las ordenanzas municipales regulan los ruidos, si un vecino no lo respeta, viene la policía y se te puede sancionar, pero en los alojamientos vacacionales no se puede», asegura Camps, quien además destaca lo ineficaz de cualquier sanción que intente ponerse. «A los cuatro días se van, y ¿dónde los buscas?».

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Es más. «La ley 17/2013 permite sancionar fiestas ilegales en actividades económicas», con la incongruencia de que «la ley de actividades excluye expresamente a los alojamientos turísticos». O sea, «total impunidad» para los turistas.

En su empeño por frenar estas situaciones, insiste el santlluïser que «no se trata de ir contra el turismo, ni contra las empresas; no es turismofobia, sino residenciofilia, defender el derecho al descanso de los residentes». Porque «lo peor es tenerte que levantar pronto para ir a trabajar, teniendo una fiesta toda la noche al lado de casa», en viviendas donde muchas veces se hospedan muchas más personas de las permitidas por la licencia.

Responsabilidades

«El responsable de cualquier actividad económica es el empresario o explotador», también en este caso, defiende Camps. Por eso considera que quienes comercializan deben responder, con matices. «La ley debe prever que no se sancione al propietario si ha tomado medidas para evitar molestias, pero si no es así, se les tendrá que poder sancionar» e, incluso, «retirar la licencia turística si hay reincidencia».

Manel Camps opina que los gestores de alojamientos vacacionales «podrán introducir cláusulas en los contratos de alquiler, advirtiendo de la normativa». De hecho, «muchas ya no alquilan a grupos de jóvenes» por este motivo.

Esta ley «dará herramientas para que los policías locales, que ahora no pueden actuar, puedan hacerlo». Todo, en la defensa de los derechos de los residentes en Menorca, que «se vende como la isla de la calma; aún estamos a tiempo de frenarlo y que no pase como en Eivissa o Mallorca», concluye el impulsor de la norma, que agradece el interés por la propuesta mostrado por todos los partidos políticos.

El apunte

Castells (Més): «La ley estará aprobada para el próximo verano»

La problemática transmitida por Manel Camps fue atendida por todos los partidos, pero fue Més per Menorca quien elaboró el texto para solicitar al Parlament el inicio de la tramitación de la ley. El diputado Josep Castells defendió la propuesta que obtuvo el apoyo de todas las fuerzas, aunque lamenta que el PP haya rechazado un proceso de participación ciudadana, para contar con aportaciones de expertos en la materia. Aún así, celebra Castells que, «con un calendario normal, la ley se aprobará en marzo» y «estará aprobada para el próximo verano».

Queda camino por recorrer, «intentaré de nuevo que puedan participar expertos, también de la patronal» en la elaboración de la norma, porque hay muchas cuestiones a tener en cuenta. La ley debería contemplar cuestiones como el check-in o la identificación de huéspedes, entre otras.

Por otro lado, en Sant Lluís, de donde surge la iniciativa, el concejal de Policía Local, Jorge de Diego, apunta que, de junio a agosto, se han hecho 83 intervenciones por ruidos (no necesariamente por fiestas), que representa un 14 por ciento del total, aunque el porcentaje aumentó en agosto al 22,5 por ciento. Así, señala que «no tenemos ningún inconveniente con las viviendas turísticas pero nos gustaría que en caso de reincidencia se pudiese tomar medidas sobre la licencia», porque «los propietarios tienen todo el derecho a desarrollar la actividad, pero deberían ser responsables del comportamiento de sus clientes en alguna medida».