El vertedero ilegal localizado en Poima IV Fase, a apenas 400 metros de la 'deixalleria' municipal. | Katerina Pu

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El abandono de residuos voluminosos y restos de basura en zonas no habilitadas para ello debido al «incivismo de una parte minoritaria de la ciudadanía», según indica el alcalde de Maó, Héctor Pons, obliga ahora al Ayuntamiento a actuar para limpiar estos puntos y desactivar estas acciones ilegales. El equipo de gobierno municipal ha anunciado el inicio de las gestiones pertinentes para colocar cámaras de videovigilancia en aquellos puntos identificados como conflictivos, además de la creación de un canal de denuncias totalmente anónimo para ayudar a luchar contra esta lacra.

«Esta misma mañana hemos tramitado a la delegación del Gobierno en qué condiciones sería posible instalar cámaras de control en estos vertederos», afirmaba el primer edil mahonés. De esta forma, el Consistorio sabrá si puede hacerlo y, en caso de ser así, de qué manera se tendría que gestionar la información que se recabe para que la Policía Local pueda contar con un recurso más en la lucha contra el incivismo, lo cual contribuiría al proceso de modernización del cuerpo de seguridad.

«La tecnología nos debe permitir ofrecer un mejor servicio. Todo el mundo entiende que no podemos tener un policía en cada calle ni un agente detrás de cada persona. Es triste tener que hablar de esta manera, porque parece hablamos de niños pequeños, pero no es así; hablamos de adultos que no cumplen las normas y abandonan residuos en la vía pública de forma consciente», aseveraba de forma tajante el primer edil.

Limpieza y colaboración ciudadana

Estas acciones van acompañadas del refuerzo de la campaña de concienciación y unas tareas de limpieza centradas en el polígono industrial, concretamente en la zona de Poima IV Fase, donde los vertederos ilegales son más que evidentes. «Hemos hablado con la Asociación de Empresarios de Poima IV Fase, la cual considera necesario un mayor control para reforzar las acciones de información que ya lleva a cabo con las empresas», señala Héctor Pons.

El presupuesto, todavía por determinar, sería similar al de 2022, año en el que se destinaron 120.000 euros a «la recogida de trastos» y «la corrección de acciones incívicas producidas en el municipio». «Esto se paga con los impuestos de todos, no solo de quienes lo hacen mal. También con los de quienes lo hacemos bien, por lo que aparte de tener un coste económico, también tiene un coste moral», advierte el mismo alcalde.

En el último año, el Ayuntamiento de Maó ha registrado 30 denuncias que incluyen a personas que han sacado residuos fuera de sus domicilios sin permiso, han tirado residuos voluminosos al lado de contenedores, han dejado restos de obra sin autorización o sacado la basura fuera de los horarios establecidos por la ordenanza municipal. Dichas infracciones se han detectado «gracias a la colaboración ciudadana», por lo que el Ayuntamiento apoyará a aquellos ciudadanos que «tienen ganas de luchar contra el incivismo para erradicarlo» activando un canal a través del cual denunciar de forma anónima aquellas acciones incívicas.